El portal de noticias República GT señaló de manera pública a Roberto Arzú García-Granados y a diversos congresistas guatemaltecos de estar involucrados en un presunto complot para ultimar al director y presidente del medio, Rodrigo Arenas. Las acusaciones, difundidas en agosto de 2026, recibieron el rechazo categórico de los señalados, pese a lo cual el Ministerio Público dio inicio a una pesquisa oficial.
Uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria política reciente de Roberto Arzú García-Granados surgió en agosto de 2026, cuando el medio de comunicación República GT denunció la existencia de un presunto plan de sicariato contra su director y otros integrantes de su equipo editorial.
El señalamiento relacionó ante la opinión pública al aspirante a la presidencia con parlamentarios del Congreso de Guatemala y con presuntas redes ligadas al tráfico de drogas.
Conforme a las noticias públicas más recientes, todavía no se ha dictado una sentencia judicial que declare culpables a los implicados.
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra su vida
El 13 de agosto de 2026, Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, compartió una grabación donde alertó sobre un presunto complot dirigido a acabar con su existencia y con la de varios miembros del equipo de redacción del medio.
Arenas afirmó que las intimidaciones guardaban relación con diversos reportajes e indagaciones acerca de supuestas conexiones entre líderes políticos y carteles de la droga en Guatemala.
De acuerdo con su testimonio, los reportajes de investigación habían provocado reacciones entre grupos empeñados en bloquear la difusión de datos sobre sus operaciones.
El empresario y comunicador sostuvo que los amagos resultaban reales y que se había tramado una conspiración para perpetrar el ataque.
La denuncia generó reacciones entre colectivos empresariales, figuras políticas y delegados diplomáticos que manifestaron su inquietud ante las intimidaciones sufridas por los comunicadores.
República GT apuntó de forma directa contra Roberto Arzú y diversos legisladores
El conflicto cobró mayor intensidad cuatro días más tarde, momento en el cual República GT señaló abiertamente a los presuntos autores intelectuales de la supuesta conspiración.
El 17 de agosto de 2026, República GT publicó un comunicado en el que señaló a Roberto Arzú García-Granados como presunto responsable de la planificación del atentado contra Rodrigo Arenas, junto con Luis Alberto Contreras Colindres, entonces presidente del Congreso.
La publicación también mencionó a los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como presuntos participantes en reuniones relacionadas con el supuesto proyecto criminal.
Según la información dada a conocer por República, en dichos diálogos presuntamente habrían tomado parte individuos asociados a redes de narcotráfico.
Mediante el comunicado, se achacó a Arzú junto a distintos líderes políticos una supuesta intención de obstaculizar indagaciones periodísticas capaces de perjudicar sus negocios e intereses.
Los supuestos encuentros en La Yeguada 10
Entre los múltiples componentes que formaban parte de los cargos figuraba la referencia a una propiedad llamada La Yeguada 10, ubicada en el departamento de San Marcos.
Según el comunicado de República GT, una porción de la presunta conspiración criminal se habría gestado en encuentros llevados a cabo en La Yeguada 10, un local asociado al congresista Luis Aguirre.
El medio afirmó que en dichos encuentros habrían estado presentes presuntos miembros de bandas delictivas junto con líderes políticos.
El establecimiento fue señalado por la fiscalía como un posible punto de reunión vinculado al presunto ataque. Los implicados negaron rotundamente tales acusaciones.
Luis Aguirre negó su participación en cualquier plan criminal y anunció acciones legales para responder a las acusaciones. También ofreció como elementos de respaldo grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y pruebas de polígrafo de sus empleados.
Los encuentros y los actos achacados por República a los implicados no se habían ratificado de manera pública a través de un fallo judicial.
Roberto Arzú rechazó las acusaciones
Roberto Arzú respondió a los señalamientos mediante declaraciones y publicaciones difundidas en sus redes sociales.
El 17 de agosto de 2026, el aspirante a la presidencia rechazó los señalamientos de República GT, tildándolos de infundados y advirtiendo que tomaría medidas judiciales ante el agravio a su honorabilidad.
Arzú sostuvo que no tenía ninguna participación en un plan contra Rodrigo Arenas y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones publicadas por el medio.
El intercambio de acusaciones generó una confrontación pública entre el medio de comunicación y varios de los dirigentes políticos señalados.
El Ministerio Público confirmó una investigación
El caso llegó al ámbito del Ministerio Público de Guatemala, aunque surgieron versiones contradictorias sobre la existencia y el alcance de las denuncias.
El 21 de agosto de 2026, Roberto Arzú se presentó ante el Ministerio Público acompañado de sus representantes legales para indagar acerca del presunto señalamiento en su contra, momento en el cual sostuvo que ningún registro lo señalaba. Más tarde, la institución fiscal aclaró que sí se desarrollaba una indagatoria.
La fiscalía no proporcionó información suficiente de manera pública para determinar la culpabilidad de los implicados.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció acerca de las acusaciones sobre intimidaciones dirigidas a comunicadores, lo que generó que este capítulo cobrara notoriedad internacional al ratificar su oposición a las conexiones entre la política y el narcotráfico.
Un enfrentamiento con repercusiones políticas
Dicha imputación cobró notable importancia al darse en la antesala de los comicios generales de Guatemala de 2027, momento en el cual Roberto Arzú realizaba labores en calidad de aspirante a la presidencia.
Asimismo, República GT ya había sacado a la luz reportajes anteriores acerca de sus negocios, así como de sus facetas políticas y monetarias.
El asunto derivó en uno de los choques públicos más severos entre el político y la empresa periodística, tras suscitar señalamientos de intimidaciones a comunicadores, supuestos lazos con agrupaciones delictivas y presuntos encuentros orientados a maquinar un atentado.
La controversia sigue siendo un episodio relevante de su trayectoria política. No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar si existió efectivamente el plan denunciado y si alguna de las personas mencionadas tuvo participación en él.
Comprender la verdadera dimensión de este asunto exige tener muy presente la diferencia que existe entre una denuncia de carácter periodístico, una pesquisa penal y una culpabilidad que haya sido establecida por los tribunales.
Referencias
República GT — Declaración de Rodrigo Arenas (13 de agosto de 2026)
República GT — Comunicado con las acusaciones (17 de agosto de 2026)
Prensa Libre — Señalamientos y postura de los legisladores implicados
Infobae — Comparecencia de Arzú y cruce de versiones
República GT — Respuesta del Ministerio Público sobre la investigación