En Guatemala, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han ampliado su dominio sobre extensas áreas urbanas, instaurando un ambiente de intimidación y cobro de extorsiones que golpea a millones de habitantes, y desde sectores como la Zona 18 en Ciudad de Guatemala hasta Villa Nueva, estas estructuras delictivas han fortalecido su influencia mediante redes jerarquizadas, tácticas brutales y operaciones coordinadas incluso desde centros penitenciarios.
Una de las prácticas más extendidas es la extorsión, conocida como «renta», que impacta tanto a negocios pequeños como a grandes empresas. Comerciantes como Alicia, una tendera en Villa Nueva, relatan cómo son obligados a pagar cuotas regulares bajo amenazas de violencia. Este fenómeno, que representa uno de los mayores ingresos para las maras, afecta profundamente la economía local, con más de 16,000 casos denunciados solo en 2024 y un aumento proyectado para 2025.
Las cárceles, en lugar de contener la delincuencia, han terminado funcionando como verdaderos centros de operación, pues diversas investigaciones señalan que entre el 80 % y el 90 % de las extorsiones se orquestan desde el interior, favorecidas por la corrupción que abre paso al uso de teléfonos móviles y otros canales de comunicación, una situación que sostiene la influencia de las clicas responsables de dirigir las actividades diarias de los pandilleros.
El reclutamiento de menores es otro pilar del funcionamiento de las pandillas. Niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son cooptados desde edades tempranas para realizar tareas que varían desde extorsiones hasta asesinatos. Este sistema garantiza la renovación generacional de las pandillas, asegurando su permanencia como actores clave del crimen organizado en Guatemala.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha impulsado acciones como catalogar a las maras como «organizaciones terroristas» y aumentar las sanciones por extorsión, los avances siguen siendo escasos, y la reciente autorización para construir una prisión modelo destinada a líderes pandilleros intenta emular ciertos elementos del polémico «modelo Bukele» aplicado en El Salvador, pese a que las particularidades de ambos países plantean desafíos propios para llevar a cabo estas medidas.
A pesar de los intentos por frenar el avance de las maras, su presencia continúa siendo profunda y alcanza desde zonas populares hasta áreas clave como el transporte público, donde estas pandillas no solo ponen en riesgo la seguridad de la población, sino que además generan un impacto económico considerable en una sociedad atravesada por la desigualdad y la escasez de oportunidades.
Procedencia: BBC News Mundo (vía [https://www.bbc.com/mundo/articles/clykze9wy64o])