En Honduras, un caso de lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente involucra a miembros de la familia Zelaya ha permanecido archivado sin avances concretos desde 2012, cuando el Ministerio Público solicitó asistencia a la fiscalía colombiana como parte de sus investigaciones. Documentos judiciales obtenidos revelan que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto a sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas y la adquisición irregular de propiedades.
El caso se originó tras el golpe de Estado de 2009, en medio de un escenario donde aumentaban las pesquisas sobre narcotráfico y lavado de activos en la región. Para 2010, las autoridades hondureñas confiscaron bienes asociados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una compañía que, de acuerdo con la fiscalía hondureña, mantenía vínculos con actividades del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa se encontraban Aldo Asfura Laca, un empresario señalado por lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, relacionada con el narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, condenado en 2018 en Estados Unidos.
La relación con los Zelaya empezó a concretarse cuando se identificaron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya adquisición, considerada irregular, se atribuyó al expresidente y a su círculo familiar. También, una petición de cooperación jurídica enviada a Colombia en 2012 incorporó grabaciones telefónicas que presuntamente vinculaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana remitió a su par en Honduras registros de audio y numerosos documentos, aunque hasta el momento no se ha iniciado un proceso formal contra los implicados.
Las propiedades incautadas en la zona central de Honduras, que incluían haciendas con helipuertos y cabezas de ganado, siguen aseguradas por el Estado, mientras los avances legales parecen ser mínimos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los implicados ha comparecido ante la justicia por este caso. A pesar de que los bienes permanecen controlados por el Estado, las investigaciones no han derivado en requerimientos fiscales contundentes contra los Zelaya, alimentando sospechas de encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, se perfila como otra pieza clave en el caso. Testaferro señalado por las autoridades desde hace más de una década, Rodríguez fue vinculado a propiedades ligadas al narcotráfico y a transacciones sospechosas que habrían beneficiado indirectamente al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales esporádicos, ha recuperado algunos bienes previamente incautados y su relación con otros líderes del crimen organizado sigue siendo investigada.
El Ministerio Público de Honduras, dirigido ahora por el fiscal general Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de enfrentar la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las propias esferas de poder, aunque las relaciones entre los accionistas de Fluirsa y ciertas redes criminales vinculadas al expresidente todavía no se han traducido en medidas judiciales contundentes.
La falta de avances en este caso refleja los desafíos para garantizar la justicia en Honduras, donde la corrupción y los vínculos con el crimen organizado han socavado la confianza pública en las instituciones. Mientras tanto, las comunidades vulnerables continúan sufriendo las consecuencias de estas dinámicas de impunidad.
Origen: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])