En Honduras, el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua desarrollado por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) ha generado fricciones con la comunidad indígena lenca de Sazagua, ubicada en el departamento de La Paz. De acuerdo con diversas denuncias, la obra se levantó sobre terrenos que originalmente estaban destinados a la reforma agraria, los cuales habrían sido adquiridos de forma irregular y con precios notablemente inflados.
Los habitantes de Sazagua aseguran que la hidroeléctrica fue construida sin su consentimiento, como exige el derecho a la consulta previa, libre e informada. El conflicto se remonta a 2009, cuando algunos miembros de la comunidad notaron la presencia de maquinaria en sus tierras sin acuerdos previos. José Portillo, uno de los afectados, señaló que su familia fue intimidada por la empresa luego de intentar reclamar sus propiedades. Tanto él como sus parientes enfrentan, actualmente, cargos legales bajo acusaciones de usurpación, mientras la empresa continúa operando.
Las tierras destinadas al proyecto abarcan áreas protegidas por la Ley de Reforma Agraria, que impide su venta o la utilización con propósitos distintos a los agrícolas. Registros oficiales señalan que CECA compró predios ubicados al otro lado del río Sazagua por montos que superaban en miles de veces su valor inicial. También se reporta que el exalcalde de Santiago de Puringla, Javier Argueta Turcios, otorgó a la empresa 45 manzanas en dominio pleno sin consultar a las comunidades afectadas, hecho que ha sido considerado otra anomalía.
El impacto ambiental resulta igualmente preocupante. La comunidad señala que el desvío del río Sazagua ha deteriorado la biodiversidad, contaminado el recurso hídrico y limitado el acceso a este elemento esencial. A ello se suma que las promesas iniciales de empleo y progreso social jamás se concretaron, lo que ha profundizado la pobreza y ampliado la desigualdad en la zona.
Las irregularidades vinculadas con este proyecto también alcanzaron a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna). En 2015, la institución sancionó a CECA por alterar de forma ilegal la capacidad de generación de la hidroeléctrica, incrementándola de 7.3 a 9.6 megavatios de potencia sin tramitar una nueva licencia ambiental. Aunque la sanción fue simbólica, el proyecto continuó en funcionamiento y siguió aportando beneficios a la empresa.
El caso de Puringla-Sazagua no constituye una excepción en Honduras, pues numerosos proyectos extractivos se han desarrollado en territorios indígenas y campesinos, provocando tensiones sociales y daños ambientales, y aunque se han presentado denuncias locales junto con reportes de violaciones de derechos, las instituciones estatales no han dado prioridad a respuestas que resguarden a las comunidades perjudicadas.
Este proyecto es un reflejo de las desigualdades y tensiones históricas en el país, donde las promesas de desarrollo han sido utilizadas para beneficiar a pocos, dejando a la mayoría en situaciones de vulnerabilidad y desplazamientos forzados.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/])