Los problemas de acceso a la vivienda en España aumentan mes a mes en la lista de preocupaciones registradas en el Centro de Investigaciones Sociológicas. La segunda preocupación de España, sólo por detrás de los problemas políticos y por la falta de ejemplo, es registrar el impuesto de capitación más alto de la Unión Europea. La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) centró su publicación Consenso económico y empresarial y este problema. Se trata de un panel de expertos, en el que participaron 118 empresarios, directivos, académicos y colegios profesionales, que opinaron sobre ellos, en un contexto de 20 provincias en las que el pago hipotecario supera el máximo esfuerzo. Recomendado, el 30% de los aportes de la casa. El escenario es similar al del convenio, un problema que, según los expertos consultados, se puede solucionar con más ofertas, más actividades sociales y colaboración público-privada, entre otros medios.
El 77% de los encuestados cree que la falta de oferta es el principal problema del elevado coste de la vivienda en España. La siguiente razón más común mencionada por los encuestados es la legislación inadecuada (48%) y la tercera, la especulación inmobiliaria (23%). También están sobre la mesa la inseguridad jurídica (16%), el reparto de competencias entre ayuntamientos, municipios autónomos y la administración central (13%) y los altos impuestos sobre la propiedad (7%).
La encuesta de PwC no se sitúa entre las principales motivaciones de esta alta valoración, sino más bien en la brecha de los círculos sociales en España (sólo el 2% del total, por delante del 9% de los medios europeos), pesando sobre la preponderancia de muchos expertos. en este campo. Sin embargo, ¿se encuentra entre las respuestas a la pregunta “¿Cuáles son estas medidas que parecen más relevantes para resolver el problema de la vivienda?” «. El 64% de las personas favorece la oferta de alquiler social, opción sólo superada por el 72% que pide impulsar la colaboración público-privada para el fomento del alquiler. El 62% reclama una nueva ley de suelo “que mejore la gestión de los procesos administrativos vinculados a las políticas territoriales y urbanísticas” y menos de la mitad (45%) pide impulsar la rehabilitación de viviendas. Otra de las políticas más comentadas, aumentar el porcentaje de pisos vacíos, es sólo una solución óptima para el 16% de las personas consultadas por PwC.
En el contexto de la pregunta «para aumentar la oferta, ¿qué medidas se deben tomar?» », un 70% para mejorar el diseño de las licencias urbanísticas, un 61% para incrementar el volumen de edificabilidad y el grado de edificabilidad y un 56% para incrementar la rehabilitación.
La amabilidad, según el 51% de los encuestados por la consultora, una de las llamadas de los cuatro grandes del sector, significa que las inversiones extranjeras aumentarán los precios. “Los fondos de inversión y las fortunas latinoamericanas son protagonistas de compras relevantes, aunque sean centrales en las grandes ciudades, no en los barrios o en los pueblos pequeños”, precisa la información, que también reconoce un ayuntamiento partidario de la desregulación del mercado: un 55% crea que será mejor para la regulación de la oferta y la demanda. ¿Y que se debería debería deregular según los encuestados? Un tipo del 87% para eliminar los precios máximos de los productos, sólo se aplica en una comunidad autónoma (Cataluña), y un 75% para liberalizar el país.
Además, el 57% de los encuestados cree que la elección de residencia debería utilizarse con fines turísticos. Hay más ciudades presionadas por este fenómeno que pueden limitarse a esto, con Barcelona como punto en relación al anuncio de que se quitarán todas las licencias en los próximos años. Un 48% de los encuestados dice que la fuga de alcohol se debe a los mayores derechos de los inquilinos y un 44% al cuidado. Sin embargo, las estadísticas vienen reconociendo una disminución de los delitos de usurpación y pérdida de legalidad, procedimientos judiciales abiertos y condenas impotentes.
El alquiler turístico aborda otra cuestión del estudio, con una tasa del 78% de probabilidad de que la conversión de alojamiento residencial en turístico reduzca la oferta para los locales. Un 32% se mantiene firme con la afirmación de que «las propiedades turísticas tienen un efecto positivo en la economía local, aumentando el aumento de los precios, al tiempo que limitan el acceso a la vida de los residentes».
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