Correos y la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) aprobaron un nuevo plan estratégico para el operador postal público, que se saldó con una profunda crisis patrimonial acumulando alrededor de 1.000 millones de euros de pérdida neta durante sus últimos ejercicios. La compañía, ahora presidida por Pedro Saura, ha diseñado una nueva jornada, con horizonte hasta 2028, para recuperar el envío de rentabilidad. Algo que precedió a la finalización de este periodo, en el que pretende alcanzar un margen Ebitda sobre ventas del 6%, “una situación de beneficios consolidada y una situación financiera saneada”. La última vez que el Grupo Correos tuvo operación neta anual fue en 2019.
El plan, que afecta a la actividad postal en España (también en Portugal), marca tres prioridades: la modernización del servicio postal universal, cuya reputación ha sido criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sus bajos niveles de calidad ; el impulso del negocio del packaging, con el objetivo de representar más del 30% de la fabricación del grupo; y el impulso para nuevas rutas de entrada. Este punto será responsabilidad de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) de la administración, que permitirán a los mensajeros compensar la caída del comercio postal tradicional. Esto permitirá a la empresa comenzar a determinar actividades «que constituyan un beneficio público general» y no serán proporcionales al mercado, apunta.
“Existen varios servicios esenciales que complementan estos requisitos. Estamos en contacto con la exclusión financiera, aquellos ciudadanos que huyen de los servicios bancarios tecnológicos o que no están atentos a vivir en zonas remotas y privadas o a encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Correos es la solución óptima y eficaz para solucionar este problema, con una atención especial y personalizada”, afirmó en una nota de presentación del presidente de Correos, Pedro Saura.
La intención es que los correos se relacionen con las actividades que llevan a cabo otras empresas postales públicas de la compañía europea, como Francia o Italia, que exigen que los administradores y servicios financieros básicos cambien la compensación.
El plan pretende reducir la dependencia del comercio postal, que actualmente representa el 66% de los ingresos, para aumentar hasta el 49% en 2028. Por otro lado, aumentar el paquete, del 24% al 35%, y las empresas diversificadas representan el 16%, por el 10% real.
También prevé reversiones “con fin de mostrador con garantías de transformación, recuperación y resto del correo”, y también tarjetas de adquisición. Entre las inversiones figuran la compra de nuevas empresas destinadas a la operación y la logística, la renovación de la flota de vehículos y la compra de equipos automatizados y robóticos. También en digitalización, gestión de datos e innovación tecnológica.
Todas estas inversiones van en paralelo a los acuerdos con la SEPI y los sindicatos CC OO y UGT, para que el Estado inyecte hasta 4.000 millones de euros para transformar el operador postal. De hecho, el plan estratégico también incluye el compromiso de la compañía de un nuevo convenio colectivo antes de la llegada del año, ahora que llegó el actual de 2013. También será un plan de personas, con el rejuvenecimiento de la planta como uno de los prioridades principales.
Los mensajeros solo se pueden contratar en uno de los últimos trabajos nuevos. Durante este período, las pérdidas netas consolidadas alcanzaron los 1.082 millones de euros. En 2023, esto costó 120 millones, con un resultado operativo negativo de 174,3 millones. La memoria de la empresa reconoce que la acumulación de pérdidas hace previsible que el grupo «incurra en un desequilibrio patrimonial durante el ejercicio 2025», porque será necesario proceder a «la ejecución de medidas para obtener el reequilibrio patrimonial».
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