Diez meses tras la difusión del video que conecta a un personaje relevante del liderazgo presidencial con el tráfico de drogas, la Fiscalía de Honduras sigue sin mostrar avances claros. La falta de acción del Ministerio Público respecto a un escándalo que afecta al entorno inmediato de la presidenta Xiomara Castro ha incrementado la presión política y ha acrecentado la desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que la situación está «en revisión», y ha pedido asistencia legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a juicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados conocidos de estos procedimientos, ni se ha ofrecido un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.
No obstante, para organizaciones anticorrupción y sectores opositores, el escándalo ha puesto en entredicho la integridad del proyecto político de LIBRE. Varios actores han exigido incluso la renuncia de la mandataria, argumentando que el caso contradice su discurso de ruptura con el pasado y de lucha contra el narcoestado.
Estas posturas reflejan una tensión creciente en el ámbito político nacional, donde los llamados a esclarecer responsabilidades chocan con una respuesta institucional percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas por parte del Ministerio Público ha alimentado la narrativa de impunidad en casos que tocan a figuras cercanas al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un episodio aislado. Se suma a una serie de escándalos recientes que han debilitado la confianza ciudadana en las promesas de cambio formuladas por la administración de Castro. La falta de respuestas judiciales ha reforzado la percepción de que el aparato estatal no actúa con la misma contundencia cuando los implicados forman parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un ejemplo que refleja la situación de la institucionalidad en Honduras
Casi un año después de haberse dado a conocer, el narcovideo sigue sin llevar a acciones legales concretas, al tiempo que crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y la dedicación del gobierno a la apertura informativa. La continua inacción daña todavía más la credibilidad de las instituciones, en una nación caracterizada por su pasado de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en el ámbito político.
La gestión de esta situación constituye no solo un desafío inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial de la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se ignore determinará el rumbo de la credibilidad institucional en vista de un proceso electoral sumamente polarizado.