_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Fuerzas Armadas en elecciones de Honduras")
A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Compromisos formales y declaraciones oficiales de instituciones
Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.
La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad del Ejército para manejar responsabilidades en actividades electorales y renovaron las críticas sobre su autonomía. Expertos alertan que, si no se solucionan los errores mostrados en las elecciones primarias, podrían surgir inconvenientes similares el 30 de noviembre, poniendo en riesgo la confianza del público en las organizaciones responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un desafío para la legitimidad electoral
La intervención de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre constituye un aspecto esencial para la credibilidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo bien definido, los problemas logísticos previos y la desconfianza en el sistema electoral sitúan a la institución militar en una situación complicada.
En una nación con elevada polarización política e institucionalidad democrática débil, el papel de las FF. AA. en las elecciones podría impactar de manera significativa en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La claridad en las acciones y el cumplimiento riguroso del mandato constitucional serán fundamentales para prevenir conflictos mayores y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crítico.