La divulgación reciente del Módulo de Inclusión Financiera, integrado en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de noviembre de 2024, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE Honduras) en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta un panorama detallado de la participación de los ciudadanos hondureños en el ámbito financiero formal. Este estudio, que incluyó 7,250 unidades familiares, representando a 26,576 individuos, suministra información altamente significativa acerca del acceso, uso y educación financiera, resultando particularmente pertinente en un periodo caracterizado por discusiones políticas en torno a la normativa crediticia.
Uso del crédito y factores determinantes
El informe demuestra que la utilización del crédito está directamente vinculada a los niveles de renta, incrementándose a medida que se avanza en los quintiles de ingresos. Esta tendencia se explica por elementos estructurales como la capacidad de pago, la demanda efectiva, el conocimiento de la oferta financiera, la educación financiera y la alfabetización digital.
El sondeo abarcó interrogantes acerca de la petición de créditos durante el último año, contemplando diversas procedencias: entidades bancarias, prestamistas no oficiales, casas de empeño y establecimientos comerciales. A aquellos que no pidieron financiación, se les consultó el porqué. Los hallazgos revelan que el 91,3% de las justificaciones se relacionan con la ausencia de necesidad o con apreciaciones de peligro: «No me ha hecho falta», «No satisfago las condiciones» y «Adquirir un crédito conlleva demasiado riesgo». En contraste, el motivo relacionado con la inscripción en la Central de Riesgos, mencionado en discusiones políticas, constituyó solo el 0,7%, una cifra que subraya su escasa importancia entre los obstáculos para acceder a la financiación.
Estos hallazgos contrastan con planteamientos de actores políticos, como la candidata oficialista de LIBRE, quien ha argumentado que la Central de Riesgos limita la posibilidad de obtener crédito y ha propuesto su eliminación. La evidencia estadística sugiere que las verdaderas limitaciones al acceso financiero se encuentran más asociadas a variables socioeconómicas, educativas y de ahorro, así como a la percepción de riesgo derivada del clima económico.
Acceso a servicios financieros y análisis comparativo por región
En términos de participación en el sistema financiero, la encuesta refleja un nivel de bancarización del 42% de la población mayor de 15 años con algún tipo de cuenta de depósito o billetera electrónica. Este dato es coherente con la información del Global Findex 2025 del Banco Mundial, que reporta un 42% para Honduras en 2024, y coloca al país por debajo de naciones vecinas como Costa Rica (71%) o Panamá (64%). Además, se observa un retroceso en comparación con indicadores previos a la pandemia de 2017, lo que evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el país en términos de inclusión financiera.
El estudio subraya que la ampliación del acceso al crédito y a servicios financieros requiere soluciones basadas en evidencia, como educación financiera, fortalecimiento del ahorro y mejora del clima de negocios. Medidas que impliquen la eliminación o manipulación de información crediticia podrían resultar en un retroceso institucional y en mayores barreras para quienes aún no tienen acceso al sistema formal.
Desafíos institucionales y contexto económico
El componente de inclusión financiera posibilita la detección de los puntos clave que restringen el crecimiento del crédito en Honduras. Dejando a un lado los debates políticos acerca de la Central de Riesgos, la disponibilidad y utilización del crédito se ve influenciada por la solvencia económica de las familias, la formación financiera y la evaluación del riesgo en un contexto caracterizado por la inestabilidad económica y una elevada tasa de empleo informal.
Los datos obtenidos por el INE Honduras, la CNBS y el BID constituyen un recurso fundamental para el diseño de estrategias gubernamentales que impulsen una participación financiera robusta y perdurable, eludiendo la implementación de acciones sin respaldo empírico. El estudio derivado de la encuesta corrobora que la integración financiera es un fenómeno complejo, en el que factores como los ingresos, la formación académica y la gestión económica tienen una influencia mayor que la mera normativa crediticia.