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A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Disposiciones fundamentales y conflictos entre las ramas gubernamentales
Los comunicados subrayaron que la observancia de las disposiciones constitucionales resultará crucial para preservar la credibilidad pública. La responsabilidad, señalaron, recae en el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, abarcando a los miembros afiliados al partido LIBRE, en su habilidad para operar dentro del marco legal.
Las entidades enfatizaron que la intervención de las fuerzas armadas debe limitarse a su cometido de apoyo, tal como lo establece la Carta Magna, sin involucrarse en funciones que puedan percibirse como sesgadas. Asimismo, indicaron que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo deben abstenerse de emitir juicios prematuros acerca de los desenlaces electorales, ya que tales pronunciamientos podrían avivar la discordia social en un ambiente ya polarizado por la pugna política.
En paralelo, resaltaron que la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) resultará crucial. Se espera que conserve principios de autonomía, claridad y puntualidad en cada fase del procedimiento para garantizar la pulcritud en la gestión electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las organizaciones consideraron que la observación nacional e internacional puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la legitimidad del proceso. Aludieron a misiones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas evaluaciones pueden contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Diálogo global y obligaciones regionales
En el llamado dirigido a los Estados Unidos, las organizaciones solicitaron un apoyo “constructivo” que se articule con autoridades nacionales, sectores políticos y sociedad civil. Indicaron que el objetivo es proteger la transparencia y la legitimidad del proceso, bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Subrayaron que un seguimiento atento y respetuoso de los principios democráticos podría facilitar que los comicios de 2025 verdaderamente representen la voluntad del pueblo hondureño, en medio de un panorama político desafiante. La interacción con la comunidad internacional, señalaron, tiene el potencial de servir como un catalizador para el cumplimiento de las obligaciones institucionales y para desalentar acciones que minen la credibilidad pública.
La declaración conjunta finalizó con la rúbrica de delegados de diversas entidades con alcance tanto regional como hemisférico, incluyendo a Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El escenario descrito por estas organizaciones expone las tensiones que rodean al proceso electoral de 2025 y subraya la necesidad de que las instituciones hondureñas actúen dentro de los marcos establecidos. La atención nacional e internacional se mantiene sobre factores como la estabilidad política, la actuación de los poderes del Estado y la participación ciudadana, todos elementos que influirán en la percepción de la integridad electoral en un momento clave para la gobernabilidad democrática del país.