El jefe del despacho de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ja instantáneo en el partido del Barcelona Joaquín Aguirre quien aplica la ley de amnistía a los investigadores del proceso judicial abierto recientemente por la presunción rusa en el proceso. La defensa de la persona de confianza del expresidente catalán critica la actuación del magistrado y asegura que «estamos ante una decisión según la cual nadie se ajusta a la ley, tan abiertamente prevaricadora y desobediente que ha gestado a partir de una forma indiscriminada uso de fondos públicos para mantener una persecución política incompatible con las reglas del Estado democrático y de derecho», al tiempo que califica la nueva causa de «proceso de aventura inusitada».
La representación de Alay recordó que la ley de amnistía establece que sólo se excluyen de este acto los actos típicos de trata, que incluyen la sentencia en su apertura automática de la nueva causa, «siempre que se haya producido tanta d’amenaza efectiva y real como uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de España», en los términos establecidos por la ONU en materia de derecho internacional y cooperación entre Estados. Según el abogado del jefe del despacho de Puigdemont, «estamos ante un cúmulo de necesidades que, por ser públicas y notorias, desde cualquier perspectiva racial, no se encuentran en el presente caso» y, por tanto, «los actos que pretenden Atribuyen» a Alay que hay otros 12 investigadores «entra de lleno en el ámbito objetivo» de la ley de amnistía.
Amenaza real y efectiva
Según la defensa de Alay, «nada de lo escrito» en el auto desde el 21 de junio de 2024 hasta la apertura de la nueva causa «cumple con los requisitos acumulativos que el legislador ha previsto para que se produzca la exclusión reclamada por el magistrado instructor». En su opinión, «no se trata de si los actos atribuidos encajan o no» en el delito de traición, de lo contrario si, además, dichas acciones «han producto no tanto uneamenaza efectiva ou real» como el uso de la fuerza. «Es evidente», argumenta el abogado, que «un uso efectivo de la fuerza no ha conseguido alcanzar una dimensión paralela a la realidad». “Nada de esto sucedió y todos los sabemos”, argumentó. Y agrego que la no aplicación de la amnistía “no será más que una interpretación arbitraria y aberrante” de las normas aplicables.
La partida de Aguirre inquietó las nuevas diligencias de las “objeciones técnico-procesales”, según él, interpuestas por la Audiencia de Barcelona mientras se cancelaba la investigación del asunto Voloh, en agosto de 2023, y, pese a ello, no lo hace. No es posible continuar con los pasos de este procedimiento. Por ello, abrió este procedimiento en el marco del caso Catmon/Igman, con el objetivo de investigar la presencia internacional del procés con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista, lideradas por Víctor Terradellas, responsable de relaciones internacionales del CDC, y el diputado Francesc Dalmases, y el “apoyo financiero de los gobiernos de Rusia y China” en la Cataluña independiente.