El Tribunal de Cuentas desarrolló información sobre la gestión del pago de bonificaciones de la Compañía Nacional de Loterías y Valores del Estado (SELAE) sobre la necesidad de incrementar el control de las operaciones para una mejor prevención del blanco de capitales. El organismo tributario señaló que en relación con los pagos de primas realizados entre 2019 y 2022, y con los datos actualizados por el SELAE, en abril de este año, 15.852 pagos de pagos presentaron utilidad total o parcial de documentación por un valor de $759 millones. euros. Entre 2016 y 2018, con datos actualizados a julio de 2023, los envíos incompletos alcanzaron los 24.806, para una importación total de 1.228 millones de euros.
Estos datos forman parte de una información del Tribunal de Cuentas que reconoce que la citada sociedad del Estatuto de Loterías operó en 2022 alrededor de 5.000 millones en activos que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros, y un volumen de pagos de primas de 6.148 millones de euros. Las directivas están en el centro de la fiscalidad desde el inicio de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y control del pago de bonificaciones. El Tribunal de Cuentas detectó que, entre un elevado número de bonificaciones, las entidades financieras no remitieron a SELAE la documentación identificativa de las bonificaciones.
La normativa del juego establece que las bonificaciones superiores a 2.000 euros deberán ser coordinadas por entidades financieras específicas con aquellas que SELAE tenga suscrito el correspondiente contrato. Información del Tribunal de Cuentas señala que las primas pagadas a entidades financieras presentan un riesgo importante en términos de prevención del blanqueo de capitales. La razón es que, si bien la importación global de los precios pagados por estas entidades es menor que la importación global pagada a través de los puntos de venta, la importación individual de las primeras es mayor que la de los segundos.
El Tribunal de Cuentas concluye que SELAE debe exigir a las entidades financieras información y documentación sobre primas combinando los contratos suscritos entre SELAE y las entidades, así como la regulación de la prevención del blanqueo de capitales. Esto implica que el SELAE solicita la retrocesión o cancelación de pagos de primas de los que no se ha recibido la información completa. Durante el período impositivo estas solicitudes son prácticamente inexistentes.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a SELAE adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un control adecuado de la recepción de toda la documentación acreditativa del pago de las primas y proceder sin demora a la reclamación de la deuda a las entidades financieras, activar la recuperación de la retrocesión si fuera necesario. Del examen de estos problemas detectados, la información concluye que “el diseño del sistema de prevención de blanqueo definido por SELAE es, en general, adecuado”. Sin embargo, el Tribunal recomienda la implementación de las medidas necesarias para mejorar la acumulación de aspectos específicos de la legislación. Entre estas medidas destaca el sistema de alertas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para introducir, entre otras cosas, aviso en caso de falta de presentación por parte de las entidades financieras de todos los documentación premium.
Coordinación con la casa.
Una segunda información elaborada por el Tribunal de Cuentas sobre el Plan Estatal de Vivienda (PEV) alerta de la coordinación entre la administración central y las autoridades autonómicas, que dificulta la consecución de los objetivos y aumenta «el riesgo de producir desigualdades». » «. Para superar estas carencias, la información recomienda establecer un sistema eficaz de seguimiento de los planes de vida con objetos y metas cuantificados, tablas de indicadores e información de seguimiento periódico. Todo ello con la propuesta de diseñar programas de actuación ajustados a un horizonte temporal de cuatro años y “implementar un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas durante los convenios de colaboración”.
El Plan Vivienda Inmobiliaria 2018-2021 prevé 1.872 millones de euros, de los cuales 1.473 corresponden a financiación pública (78,70%) y 398 a cofinanciación de la LACC (21,30%). La información es que las comunidades autónomas asumen competencias en materia de ordenación territorial, urbanismo y vida, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las entidades locales. Sin embargo, «corresponde al Estado la dirección de la política general en relación, en este caso, con el sector de la vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda», para que se informe en el centro de las actuaciones de planificación, entonces y evaluación realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Entre los resultados más relevantes, la información detecta la existencia de una «transición entre el PAI 2018-2021, como principal estrategia nacional en materia de vida, y los corresponsales estratégicos nacionales para la implementación de la Agenda 2030 vinculada a este entorno, la situación en la que permanecer en las noticias”. Se manifiesta en la sensación de que las “carencias” detectadas afectan “a la coherencia del Plan, y favorecen la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de medidas en materia de vida por parte de las distintas comunidades autónomas, aumentando así el riesgo de que esto ellos producen. desigualdades”.
La información del Tribunal de Cuentas hace una serie de recomendaciones al Ministerio de Vida y Agenda Urbana para que “coordine los planes de vida futuros con las grandes estrategias que se planteen en esta temática”. El objetivo debe ser “posibilitar una acción integral en política de vida y una participación real de los diferentes niveles de administración y de los diferentes actores interesados”. El organismo tributario también recomienda establecer un sistema de seguimiento eficaz de los planes de vida «con objetivos y metadatos, tablas de indicadores e información de seguimiento periódico», para diseñar programas de actuación ajustados a un horizonte temporal de cuatro años y para «demostrar un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos adquiridos». por las comunidades autónomas durante los convenios de colaboración”.
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