El Tribunal Supremo del Reino Unido confirma la ilegalidad de la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda | Internacional

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha confirmado la ilegalidad de las deportaciones a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen de manera irregular a territorio británico, declarada por la justicia en junio pasado. El Gobierno de Rishi Sunak había acudido a la más alta instancia de la justicia británica, en un intento de salvar una estrategia de inmigración duramente criticada por la organizaciones humanitarias y que ha tensionado en su interior al propio Partido Conservador. La ex ministra del Interior, Suella Braverman, destituida esta misma semana por Sunak, encabezó al ala dura del partido en su reclamación a Downing Street de que ignorara la legalidad internacional y forzara las primeras deportaciones. Hasta la fecha no ha salido un solo vuelo.

Los cinco magistrados del Supremo admite que, en el debido tiempo y con las medidas adecuadas, el Gobierno de Ruanda puede ser capaz de garantizar los derechos de los inmigrantes a la hora de tramitar su solicitud de asilo, y evitar su devolución al país de origen. De momento, sin embargo, los magistrados no ven, con las pruebas a su disposición, que exista esa garantía. “En el momento presente, hemos llegado a la conclusión de que los cambios necesarios para eliminar posibles riesgos [para la seguridad jurídica de los inmigrantes] pueden llevarse a cabo en el futuro, pero todavía no se han producido”, afirma la sentencia.

El 14 de abril de 2022, la entonces ministra del Interior del Gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, viajó a la capital de Ruanda, Kigali, para firmar un acuerdo que supondría más de 144 millones de euros y permitiría a las autoridades británicas reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no estaban siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiraban a mayores oportunidades vitales.

“Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para acoger personas no lo es”, dijo Johnson ese día, en un discurso diseñado para relanzar el mensaje de dureza contra la inmigración irregular que se prometió con la salida del Reino Unido de la UE.

El Gobierno conservador se enfrentó de inmediato con la oposición de la organizaciones de ayuda a los inmigrantes, de la Iglesia Anglicana y, sobre todo, de los tribunales. Fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, el primero en actuar. El 14 de junio, esa corte de justicia ordenó a última hora la suspensión del primer vuelo programado para Kigali. Apenas viajaban en él media docena de inmigrantes, después de que la mayoría de las personas programadas para viajar hubieran frenado su desplazamiento a través de recursos legales.

Un año más tarde, fue la justicia británica la que dio un duro golpe a la estrategia de Ruanda. Un tribunal de apelación la declaró ilegal. “Las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”, leyó entonces el magistrado que presidía el tribunal, Ian Burnett.

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El Gobierno de Sunak, que heredó e hizo suya la estrategia de deportaciones, se aferró a una última alternativa legal. Recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del tribunal de apelación. Frente al ala dura del Partido Conservador, y a la propia ministra del Interior cesada esta misma semana, Suella Braverman, que reclamaban que el Reino Unido se desvinculara de la Convención Europea de Derechos Humanos en materia de inmigración, Downing Street optó por agotar todos los cartuchos legales antes de lanzarse a una aventura tan incierta y desafiante de la legalidad internacional.

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