En su última reunión, el Consejo de la Unión Europea recomendó a España un sistema fiscal viable. Es entonces cuando la sociedad española aborda los problemas medioambientales: la transición digital presenta enormes dificultades de cuantificación, que dependen de la evolución de la tecnología y sus aplicaciones; la transición del medio ambiente, con una brecha de inversión anual que el Informar al país 2024 para España de la Comisión Europea cifra en 11.500 millones de euros; Perspectivas sobre la evolución de la población que suponen que la carga de dependencia de las personas aumente del 33,3% en 2022 al 63,9% en 2050, es decir que en 2050, 1,6 personas tendrán un empleo al año mayor que una persona de 65 años, cuando la El ratio fue de 3 en 2022, lo que indica los elevados costes en términos de jubilación y salud que tenderán a afrontar. Hay un asimiismo plantan que plantea problemas de convergencia territorial y social: mientras el alquiler per cápita en Madrid está en el 117% de los medios europeos, Andalucía está en el 65% en 2022, con enormes disparidades en términos de población en renta de pobreza. , situado en el 26% del territorio nacional, uno de los países más datados de la UE, pero que diverge entre el 14,5% de Navarra y el 36,9% de Extremadura.
Estos proyectos se ejecutan en un contexto de finanzas públicas insuficientemente sólidas. Con la salvación del período comprendido entre 2005 y 2007, debido al boom inmobiliario con ingresos fiscales autonómicos que se perdieron con su estado, las cuentas públicas se encontraron con déficit. Desde 2008 persiste la insuficiencia de suministros. Más allá del pico del 10,1% del déficit del PIB público en 2020 debido a la pandemia, alcanzó el 4,7% en 2022. Para 2024, se estimaba en el 3%. Estos desequilibrios resultaron en un aumento de la deuda pública, que alcanzó el 111,6% del PIB en 2022, reducida al 107,7% en 2023.
La cuestión es la que se plantea desde el punto de vista de las aportaciones públicas. Los gastos planificados o concertados, si quieren mantener un determinado grado de bienestar, son difíciles de revisar. La UE no se pronuncia sobre su nivel, cuestión que concierne a la decisión de cada país según sus preferencias de entrada y consumo. De hecho, el gobierno español se comprometió con el Plan de Recuperación y Resiliencia para salir de la crisis económica de la pandemia y aumentar los ingresos dependientes de situaciones dentro de los estándares europeos, que era claramente inferior a los medios de la UE.
La sociedad económica logró incrementar los recursos tributarios, en relación con los objetivos planteados. el Informar País Para España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuye al aumento del empleo, con subvenciones a las cotizaciones sociales y al impuesto sobre la renta del trabajo, así como al crecimiento económico, con subvenciones al impuesto de sociedades. También incluye el factor de subsidio de precios, que supone mayores aportes del IVA, compensados con medidas dirigidas a reducir los recursos de bienes básicos (alimentos y combustible), así como el salto en los recursos del alquiler de la obra: los aportes afectar sus salarios y pasar a niveles más altos de la escala de severidad del impuesto al alquiler, en peso que se traduce en subsidios simplemente nominales explicados por la inflación. Surge la preocupación respecto a la estabilidad de estos nuevos ingresos, esto dependerá de si el Gobierno central y las comunidades autónomas deciden deducirse los tipos del impuesto sobre el alquiler.
Recomendamos al Consejo de la UE que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es importante señalar que existe un interés europeo en garantizar que las cuentas públicas sean sanas y seguras ya que, en un contexto de mercado interior con moneda única, los efectos de la economía nacional se hacen sentir en otros: los desequilibrios en una zona han efectos económicos adversos. cansado ya. Amén de las dificultades que obstaculizan las divergencias de movimiento en las decisiones de política monetaria común para todos y que no necesariamente pueden ser prácticas. Piensen en la situación actual en la que nuestro país parece tener una buena respuesta a la inflación -aunque los últimos datos pueden así demostrarlo- y hemos acordado tipos de interés más bajos para el dinero en relación con su nivel de endeudamiento. La convergencia de las economías nacionales también es positiva.
En este camino, se necesita un sistema tributario para mejorar el crecimiento y el empleo. Habrá espacios fiscales para completar el compromiso de España en el Plan de Recuperación. Por un lado, las cargas sobre el consumo y el medio ambiente son relativamente bajas y siguen los estándares europeos. Como son regresivos, la cuestión es también que un sistema fiscal que regule el crecimiento y el empleo no podrá hacerlo. El aumento de los impuestos indirectos y la reducción de sus tipos reducidos siempre podrá compensarse con ayudas directas a las que deberá percibir en función de su nivel, bajo, de alquiler.
El asimiismo depende de la siempre difícil cuestión de revisar los beneficios fiscales. El propio gobierno español está comprometido en su análisis y evaluación, pero en este momento no hay ninguna acción en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No debemos descubrir que es contrario a la generalidad de la tributación -principio establecido en la Constitución- y puede generar formas de privilegio. La tendencia desde la reforma fiscal de 1977 es el aumento del número de los que existen, con cierta inercia en su gestión de la independencia de su sentimiento o de lo que ya está justificado. Lo cierto es que siempre existen las fórmulas alternativas más razonables para afrontar situaciones de dificultad: el IVA superreducido para alimentos también beneficia a los niveles más altos de renta vitalicia, para aquellos que no estén justificados.
Juan López Rodríguez es médico en derecho tributario.
Las opiniones contenidas en este artículo son las del autor y no comprometen a la Comisión.
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