Ya hay fecha para el futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que lleva varios meses pidiendo autonomía. El Ministerio de Agricultura probablemente convocará a los municipios el 15 de julio a una reunión en la que se espera que se comunique oficialmente el informe sobre la actualización de las remesas (junto con el sistema financiero). nuevos objetivos de déficit público que tenderán a alcanzarse, según fuentes gubernamentales. Estos dos aspectos son fundamentales para el desarrollo de los presupuestos autonómicos, en los que actúan muchos territorios, así como para la realización de la misión fiscal española.
Además de estos dos temas principales, también se espera que Hacienda y las comunidades debatan la futura reforma del sistema de financiación autonómica, tras admitir las mismas fuentes. La idea del ministerio era dejar este tema fuera del orden del día durante esta primera reunión, pero la mayoría de territorios -gobernados por el Partido Popular- acabaron introduciéndolo entre los puntos de contacto. Aunque sólo hay debate, no hay certeza. Además, se espera que los fiscales soliciten información sobre el proceso de condonación por parte de la deuda autonómica que está diseñando Hacienda tras haber pactado la medida con los partidos soberanistas de Cataluña, en primer lugar, y se comprometan a extenderla al resto. de las regiones del régimen. común, después.
Todos estos temas han mostrado fuerza en los últimos meses y han sido capitalizados en gran parte del debate político. Inicialmente, Gobierno y comunidades libraron una dura batalla por unos objetivos fiscales para 2024 que tendrán como objetivo complementar a todas las administraciones públicas. Al PP, que obtuvo mayoría en el Senado, se le impuso un tratado inconstitucional según el cual, en su contra, se congelarían los territorios y se bloquearía el camino propuesto por Hacienda, paralizando el proceso hasta que el presidente decida informar a la ciudadanía. cuentas. Ahora, sin embargo, marcar la dirección se ha vuelto crucial, porque la correcta distribución y el logro de los objetivos de déficit dependerán de las consecuencias de las nuevas normas fiscales europeas. Precisamente esta semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ordenó al Gobierno dictar órdenes antes de la negociación.
En relación con la vía fiscal, las autonomías también tendrán que saber para poder llevar sus cuentas la cantidad de dinero que tendrán que pagar. A finales de junio, el Gobierno publicó por decreto la actualización de las remesas, es decir, los recursos que reciben cada año las comunidades además del sistema de financiación autonómica para cubrir sus necesidades y poder prestar los servicios públicos básicos de quienes somos responsables, en materia de salud y educación. En esta ocasión, la moneda alcanzará los 154.467 millones de euros, o 20.000 millones más que en 2023 entre fondos y liquidaciones. Sin embargo, aún desconocemos el informe que comunicará Hacienda. Esta actualización parece ir de la mano de los Presupuestos Generales del Estado, pero cuando el gobierno desistió de las nuevas cuentas y las pospuso hasta 2023, el proceso se paralizó.
Otro tema acuciante en política fiscal es la reforma del actual sistema financiero, un modelo que se cerró en 2009 y terminó hace 10 años. Este esquema crea, en esencia, una especie de beca común que se nutre de parte de los ingresos públicos que el Estado y las comunidades reciben cada año. Este dinero se distribuye luego entre los territorios en función de criterios muy concretos que están pendientes y que crean importantes distorsiones entre unas zonas y otras. La reforma del sistema, que Hacienda propuso cerrar en esta legislatura, se debe a que se ha derrumbado porque desaparece mucho la vigencia con motivo de conflictos entre territorios con idiosincrasia. Ahora es más difícil hoy, porque la reforma está condicionada a la negociación para la formación del Govern catalán y a la singularidad que exigen los partidos soberanistas, una medida según la cual el Govern está discutiendo y que pone en vigor el estado de guerra el al resto de comunidades por las distorsiones que pesarían sobre el sistema.
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