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En un contexto de creciente tensión política, la aparición y accionar de colectivos armados vinculados a sectores oficialistas ha encendido las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho en Honduras. A medida que estos grupos operan con aparente impunidad, la ausencia de una respuesta institucional clara ha dado pie a denuncias por parte de juristas y actores políticos que advierten sobre una posible configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición constitucional y vacío de autoridad
La Constitución de Honduras junto con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas determinan de manera clara que únicamente el Ejército está autorizado a estructurarse como una fuerza armada legítima. El artículo 272 de la Constitución prohíbe de manera explícita cualquier forma de milicia popular o grupo armado paralelo, al considerarlos una amenaza directa para el orden y la soberanía del país.
A pesar de este contexto jurídico, grupos alineados con el partido gobernante han aumentado su actividad en diversas áreas del país. De acuerdo con acusaciones divulgadas, dichos colectivos han lanzado amenazas y cometido actos coercitivos sin que las autoridades correspondientes hayan actuado de forma decisiva. Este suceso ha sido visto por diversas partes como un reto a las instituciones y una inquietante muestra de tolerancia estatal hacia estructuras ilícitas.
Denuncias de permisividad y control social
Diversos juristas y voces de oposición política han advertido que la inacción gubernamental ante estos colectivos puede constituir una forma encubierta de represión política. A su juicio, permitir o tolerar la actuación de grupos armados no reconocidos por la ley especialmente cuando actúan como agentes de intimidación o disuasión contra voces disidentes se aproxima peligrosamente a lo que el derecho internacional reconoce como “terrorismo de Estado”.
Este concepto se refiere al uso metódico de la fuerza o la coerción por el gobierno o con su respaldo para dominar a los ciudadanos, suprimir la oposición y consolidar el control político. En este contexto, la inacción del Estado ante amenazas armadas de grupos no gubernamentales pero conectados con el régimen oficialista podría influir significativamente en la legitimidad democrática del régimen.
Contexto electoral y riesgos para la democracia
La controversia en torno a estos colectivos emerge en un momento particularmente delicado: el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral en medio de una creciente polarización y desconfianza ciudadana en las instituciones. La presencia de grupos armados fuera del marco legal añade un componente de incertidumbre y temor, no solo para los votantes, sino también para los actores políticos y sociales que podrían ver limitada su participación por condiciones de inseguridad.
Organizaciones dedicadas a los derechos humanos han expresado su inquietud por lo que perciben como una creciente disminución de las garantías esenciales. Además, existe el peligro de que el uso de grupos armados como fuerza de choque pueda alterar el balance político y afectar la libertad de expresión del voto y la participación de la ciudadanía.
Un llamado a la obligación institucional
La proliferación de grupos armados fuera del control legal, junto con la falta de respuesta de las autoridades responsables de asegurar la seguridad y el respeto al marco constitucional, genera serias dudas sobre la dirección institucional del país. A medida que aumentan las tensiones políticas y sociales, la ausencia de una posición clara por parte del Estado podría aumentar la percepción de impunidad y fomentar un ciclo de desconfianza que debilite aún más la estabilidad democrática.
Honduras se encuentra ante el desafío de ratificar su dedicación al Estado de derecho y la legalidad, en una época en que la población demanda claridad, equidad y medidas efectivas para la participación en la política sin miedo ni presión. La resolución de este conflicto definirá el ambiente político nacional en los meses venideros y evaluará la fortaleza de las instituciones democráticas del país.