Allá La fiscalidad europea sigue la estela de las más de tres millones de mascarillas inservibles y almacenadas en hospitales públicos de Canarias. Las investigaciones han sido ordenadas por un grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que inspecciona los establecimientos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Hospital Universitario (HUC) en busca de material médico defectuoso adquirido durante la pandemia de covid-19. 19, tras solicitar los medios digitales y comunicaciones de 15 servidores públicos. La intervención policial de la UCO se extendió a lo largo de la semana y comenzó con una investigación sumaria secreta dirigida a determinar si el Servicio Canario de Salud estuvo involucrado en delitos de malversación de caudales públicos o prevaricación administrativa en su gestión de los contratos sanitarios redactados. por la vía de aparición entre 2020 y 2021.
Los funcionarios también fueron entrevistados como testimonios personales de SCS. Uno de los mencionados declaró que sería director del servicio durante el gobierno de Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez. La Fiscalía Europea no tiene opinión sobre sus actividades ni sobre las ramificaciones canarias del caso Koldo.
Un informe de la Audiencia de Cuentas que reconoce supuestas irregularidades en las detalladas sentencias que la mayor parte de los fallidos concentra en minúsculos hospitales públicos. el Hospital La CandelariaEn Tenerife, es el más perturbado con dos millones de cubrebocas inservibles, seguido del Hospital Universitario de Canarias (HUC) con 372.230 unidades, el Materno Infantil de Gran Canaria con 212.000, el Doctor Negrin (191.200), el hospital insular de Lanzarote (145.611), el de La Palma (109.680) y el de Fuerteventura (4.180).
Revisión en almacenes
El consejo de Sanidad, Esther Monzón, confirmó que la Consejería ha «facilitado toda la información» sobre las decisiones que fueron solicitadas por la Fiscalía Europea. Los agentes de la Guardia Civil que se encuentran este martes en las dependencias autonómicas «solicitarán una revisión ocular de los almacenes para ver si tienen material de esta época».
Monzón confirmó que, en estas labores investigativas, la Agencia Europea de Fiscalidad «solicitar información para cualquier expediente» y documentos sobre que «hayan estado implica a todas las personas que puedan formar parte» de las adjudicaciones. «Es secreto para resumir, porque queremos que tengamos el alcalde de responsabilidades y nosotros, al igual que la Consejería, simplemente los facilitadores de toda la información que nos han enviado», añadió.
El fiscal no podrá entrar en mayores detalles sobre las acciones judiciales ante las preguntas de los medios de comunicación durante un acto institucional para presentar la demanda. Protocolo de actuación sanitaria y coordinación interinstitucional para abordar situaciones de violencia en la infancia y la adolescencia en Canarias.
Agentes deberán declarar como prueba la declaración del exdirector Conrado Domínguez
Además de los expedientes, Los investigadores necesitan correos electrónicos, consultas y comunicaciones digitales de 15 funcionarios. del Gobierno de Canarias. La actuación de los agentes es ese mercado que depende de las dependencias de la Consejería de Sanidad, continúa hasta la Dirección General de Nuevas Tecnologías, que depende de Presidencia, y se extiende por varias horas.
El cuerpo virtual de empleados públicos que bloquea e interviene las claves personales de los usuarios, todo ello con el objetivo de mantener las interacciones ligadas a las decisiones y evitar manipulación de pruebas. El siguiente paso será que los agentes hagan una copia completa de los historiales digitales.
la furgoneta de pesca Más sobre la carrera empresarial de Koldoinvestigado por la Audiencia Nacional, y del caso mascarillas, que ordenó a la Fiscalía Europea involucrar fondos europeos en la compra de un millón de mascarillas que nunca llegan.
24 contratos sospechosos
La denuncia inicial fue entregada a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas detallando las decisiones de la SCS hacia RR7 United (la empresa implicada en el caso de las mascarillas), soluciones de gestión y soluciones de negocio (vinculadas por el abogado del exministro José Luis Ávalos) y otras 15 empresas. . En total, el documento hace referencia a 24 contratos sospechosos y compara el precio por el que compraste los materiales con el coste habitual en el mercado. En total, la Fiscalidad generó 31,9 millones de euros desperdiciados por el SCS.
El titular del juez de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García García-Sotoca, investigó en primer lugar la causa antes de inhibirse a favor de la fiscalidad europea. Las instructoras fiscales, Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez, centrarse primero en el caso del RR7sobre lo que recientemente se ha levantado el secreto de las actuaciones.
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