Nuevo movimiento de socios del PSOE en materia de vida. Sumar, Podemos, Bildu, ERC y BNG han registrado en el Congreso, del que forman parte los sindicatos de aparejadores, un proyecto de ley para regularizar los alojamientos temporales y los alojamientos (distintos de los pisos turísticos). El movimiento cuenta con el apoyo del grupo de trabajo que el Ministro de Vida logró poner en marcha, y que aprobó la ley del año pasado, para estudiar la cuestión y proponer medidas. Pero los defensores de derechos consideran que esta acción por sí sola busca “una reforma cosmética e ineficaz”. Y por eso llevó su propio texto al Parlamento, con la complicidad de los socios con los Isquierda del Partido Socialista.
El proyecto de ley pretende, en principio, equipar los alojamientos temporales y las habitaciones con alojamiento habitual. Y reconocemos los mismos derechos a los inquilines que se encuentran en estas modalidades. Las ambas, según las denuncias recurrentes de los sindicatos (y el reconocimiento de muchos actores del sector inmobiliario), se utilizan como alternativa al acuerdo tradicional para eludir determinadas obligaciones que impone la ley a través del derecho de habitación.
Otras personas temporales están previstas por la normativa española para personas que disponen de otro alojamiento y requieren tiempo por motivos de mar (viajes de trabajo, estudios, etc.). Y también sucede a las habitaciones. Pero la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé un contrato separado con la vivienda habitual, para determinar un máximo del incremento anual del alquiler y una duración mínima. Además, desde la aprobación del nivel de vida, este último también puede estar sujeto a control de precios en zonas tensas, aunque ahora sólo ocurre en Cataluña porque es necesario que cuente con una declaración de pertenencia a cada comunidad autónoma.
Con el nuevo texto legal, que tiene pocas posibilidades de suma suficiente en el parlamento, estos controles de precios se aplican también a los alquileres temporales y a las habitaciones. Además, es obligatorio que el comprador demuestre que existe una causa que justifique esta temporalidad (la normativa actual es la más ambigua a estas alturas) y fijar un máximo de sus meses. Transcurrido ce plazo, el arrendamiento pasa a ser de habitación vivienda y por tanto l’inquilino tendría derecho a quedarse 5 años como mínimo, o siete años sie el propietario est un corp. En una nota de prensa difundida en vísperas de la propiedad legal, sus sindicatos aseguradores (Cataluña, Madrid, Zaragoza, Málaga, Vigo e Ibiza) informan de que «la cuestión de la regulación de los bienes temporales y de la vivienda se convierte en un incentivo para que los rentistas y los observadores expulsan a los inquilinos de toda la vida”. Y para eso, “retan” al Gobierno a Regularlos.
La iniciativa legislativa marca otra clara diferencia entre el PSOE y sus socios parlamentarios en cuanto a vida, un motivo que encendió bombillas en la pasada legislatura. El Ministerio de Vida, que dirige la socialista Isabel Rodríguez, tiene en marcha el grupo de trabajo que prevé la ley para encontrar soluciones a las modalidades de ordenación distintas a la vida habitual. Esto no incluye las piscinas turísticas, que entran en el ámbito de competencias turísticas autonómicas y municipales en materia de urbanismo. Para ella, existe otra iniciativa, en la que también participó el Ministerio de Industria y Turismo, y que contó con la complicidad de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Además, el Ministerio de Consumo, en el ámbito de Sumar, también denuncia a los consistorios que colaboran en su investigación sobre las plataformas turísticas por posible vulneración de los derechos de los usuarios de publicidad de bebidas sin la correspondiente licencia.
Medidas inminentes
Rodríguez visitó este martes con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marco de una promoción de vivienda pública para personas sociales. La visita se produjo una semana después de que el Ayuntamiento de la capital catalana anunciara que a partir de noviembre de 2028 extinguirá todas las licencias turísticas en la capital catalana. Tras este anuncio, muchas voces se expresaron para que los propietarios violen la prohibición de adquirir billetes con contratos de alquiler temporal o de alojamiento. Estos contratos permiten a los propietarios obtener los mejores precios que marca la norma estatal y Cataluña se ha empoderado. De hecho, el PSC y Junts no presentaron campaña electoral para las elecciones europeas (el PSC se abstuvo y Junts votó en contra), un decreto que iniciaba ERC en Cataluña para regularizar personas de tiempo y vivienda. Los socialistas señalan que la regulación de estas cosas tiene carácter estatal.
Rodríguez reconoció a este joven esta garantía: “Es importante garantizar que quienes necesiten una vivienda temporal puedan conservarla, para no utilizar la figura de la vivienda temporal para limitar la oferta de vivienda habitual”. El ministerio aseguró que el grupo de trabajo presentará sus conclusiones la próxima semana y marcará el camino a seguir para “luchar contra el fraude”. Entre las medidas, adelantó el ministro, se contempla una plataforma estatal única en la que será necesario acreditar la condición de estudiante, investigador, trabajador desplazado o cualquier otra circunstancia similar para poder optar a este tipo de alquiler. Rodríguez asegura que esta revisión es necesaria para que los propietarios “no ensucien los derechos por la puerta grande”.
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