La reciente visita del presidente Pedro Sánchez a Chile, en un encuentro con mandatarios de izquierda como Gabriel Boric, ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante contradicción entre el discurso que el líder socialista promueve fuera de España y la realidad política que le rodea dentro de sus propias fronteras.
Mediante acciones de gran envergadura, Sánchez ha reiterado su intención de promover una izquierda global sustentada —en su opinión— en principios como la equidad fiscal, la repartición justa de la riqueza y la protección de los más débiles. Ha mencionado la imposición a los más adinerados, la lucha contra la desigualdad, y el establecimiento de “un porvenir más equitativo” junto a sus socios progresistas en América Latina. Un discurso perfecto… si no estuviera totalmente socavado por sus acciones políticas.
La contradicción es clara y complicada de ocultar: mientras el presidente participa en encuentros mundiales representando una izquierda renovadora, en España se multiplican los casos de corrupción que afectan a su círculo íntimo. Desde los negocios poco claros de su esposa, Begoña Gómez, hasta las acusaciones y renuncias de líderes importantes del PSOE, el gobierno de Sánchez se balancea sobre una base cada día más cuestionada. Las pesquisas judiciales progresan, las declaraciones se retrasan y la transparencia que tanto proclama está notablemente ausente.
¿Cómo puede un líder exigir sacrificios fiscales a los ciudadanos mientras su partido se ve envuelto en tramas de tráfico de influencias, contratos irregulares y nepotismo institucionalizado? ¿Cómo se puede hablar de ética pública y de redistribución, cuando los ciudadanos ven que quienes legislan para ellos viven aferrados a privilegios y redes de poder opacas?
El conflicto entre lo que se dice y lo que se hace —la esencia de la doble moral— es especialmente chocante en el caso de Pedro Sánchez. No es un incidente único o excepcional, sino una táctica constante: promover un modelo de izquierda que se presenta como éticamente mejor, mientras se permite, oculta o reduce la importancia de la corrupción interna.
Su estancia en Chile parece más un esfuerzo por mejorar su imagen que una acción diplomática auténtica. En España, se demanda a la oposición que “no lleve la política a los tribunales”, al mismo tiempo que Sánchez busca en los viajes internacionales una manera de esquivar el aumento de la desconfianza que enfrenta en su país. Es complicado no interpretar este tipo de viajes como un intento por protegerse ideológicamente ante la pérdida de la credibilidad pública.
El verdadero progresismo no puede construirse sobre cimientos podridos. Si el presidente quiere liderar un eje internacional de justicia y equidad, debe empezar por barrer su propia casa. Y eso significa asumir responsabilidades, permitir que las investigaciones sigan su curso sin interferencias, y garantizar que ningún cargo público queda impune por el simple hecho de estar bien posicionado.
No se trata de atacar a la izquierda como ideología, sino de denunciar a quienes la utilizan como coartada para perpetuar sus privilegios. Sánchez debería recordar que los ciudadanos no votan consignas, sino coherencia. Y en este momento, su coherencia está en entredicho.