El General de División Roosevelt Hernández, quien lidera el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate en el ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han originado severas críticas que lo relacionan con una politización dentro de la institución militar y ponen en duda la independencia de los poderes del Estado.
Un miembro de las fuerzas armadas con extensa carrera y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández es hijo de una familia con una extensa tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, lo que lo ha colocado como uno de los militares de mayor rango en el país. Desde su nombramiento como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha tenido un rol destacado en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando dijo que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y acusaciones en su contra, especialmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». De acuerdo con varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración evidencia un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, debilitando la imparcialidad que se espera de las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De manera similar, su actitud hacia la prensa ha generado polémica, dado que, en junio de 2025, se le acusó de hostigar a reporteros y de fomentar demandas legales por calumnias contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general ante las críticas ha aumentado las interrogantes sobre la libertad de expresión en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de la prensa es vital para el fortalecimiento democrático.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones llevadas a cabo por Hernández han causado una creciente inquietud en varios sectores de la sociedad hondureña. Activistas de derechos humanos y líderes políticos de la oposición han demandado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su asistencia a reuniones del CNE, una entidad que debe permanecer ajena a influencias militares, y su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales durante las primarias de 2025. Según sus críticos, estas acciones erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral.
Polarización y desafíos para las Fuerzas Armadas
Aunque ha recibido muchas críticas y llamados para que sea removido, Hernández continúa en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para enfrentar a sus detractores en el ámbito legal. No obstante, su continuidad al mando de la institución evidencia una polarización en aumento en el país en relación con el rol de los militares en la política.
Algunos lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otros interpretan su conducta como una señal de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión destaca los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial de la estabilidad del país.