Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno tras revelarse que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están bajo investigación por presuntamente permitir el ingreso de personas indocumentadas, sustancias ilícitas, alcohol y otros artículos prohibidos a cambio de sobornos, mientras la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante un amplio operativo destinado a desmantelar esta red corrupta que también involucra a 35 civiles externos.
El modo de operar de los funcionarios penitenciarios implicados abarcaba acciones como aparentar controles de acceso mediante simples gestos teatrales y exigir pagos para permitir la entrada de personas sin documentación, quienes luego se reunían con figuras de alto perfil pertenecientes a organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes reunidos, cada acceso tenía un costo de $60.000 chilenos, lo que generaba un serio riesgo para la seguridad pública, pues estos encuentros facilitaban que las bandas mantuvieran la coordinación de delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La penetración del crimen organizado en Gendarmería incluye diversas operaciones, entre ellas el ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad, WiFi, y hasta servicios personalizados para reclusos. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, a veces utilizando cuentas de terceros para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los precios por estos servicios iban desde $15.000 por permitir relaciones sexuales hasta $400.000 por el ingreso de un celular. Los testimonios recogidos por las investigaciones también señalan que los internos identifican un área del penal, apodada «la feria», donde se realizan transacciones de mercancías prohibidas con relativa normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo liderado por la Fiscalía incluyó la emisión de órdenes de allanamiento para 77 domicilios distribuidos en siete regiones del país, abarcando cárceles como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. Se movilizaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, consolidando uno de los mayores esfuerzos policiales recientes para combatir la corrupción en el sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves sobresale la práctica llamada «rescate», donde funcionarios decomisaban artículos ilegales como celulares para después venderlos nuevamente dentro del penal a precios desorbitados. Otro mecanismo, identificado como «delivery», se basaba en permitir por encargo el ingreso de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este caso se reconoce como la manifestación más severa de infiltración del crimen organizado en una entidad pública en Chile, y Gendarmería, responsable de velar por la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, se ve hoy involucrada en denuncias que cuestionan la capacidad del Estado para frenar el avance de actividades ilícitas dentro de las cárceles, mientras grupos como el Tren de Aragua, con amplia experiencia en dominar prisiones en otros países, intentan reproducir ese modelo en Chile utilizando los penales como base para coordinar sus operaciones.
Acciones y soluciones requeridas
La investigación ha revelado con claridad las señales de alerta sobre las condiciones estructurales que facilitan la proliferación de estas prácticas, entre las que sobresalen la elevada rotación en las jefaturas penitenciarias, la carencia de una supervisión rigurosa y la presencia de influencias indebidas entre los funcionarios. Estas debilidades abren la puerta a la injerencia permanente del crimen organizado, que ofrece beneficios económicos y presiona con amenazas directas a los funcionarios, como sucedió con un comandante cuya vivienda fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Fuente: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]