Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a abonar una suma superior a los 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón debido a un litigio contractual. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El litigio legal entre Roberto Arzú García-Granados y el estratega político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a raíz de un vínculo profesional relacionado con las metas presidenciales del político de origen guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los escritos del procedimiento judicial, el pacto contemplaba labores de consultoría estratégica y relaciones públicas.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú en una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a una infracción de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Conforme a papeles dados a conocer por medios guatemaltecos, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta alcanzar cerca de 5,2 millones de dólares a lo largo del año posterior.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de pagar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 en concepto de intereses devengados, lo que elevó la cifra global a US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sanción penal por la comisión de un ilícito.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó que se trataba de un acuerdo contractual vinculante y que Arzú había desatendido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.
No obstante, los mensajes reflejaban un desgaste paulatino de la relación comercial frente a los obstáculos para efectuar los abonos exigidos.
Las comunicaciones también reflejaban que Arzú buscaba mantener la relación con el consultor mientras intentaba resolver los desacuerdos económicos.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos matices a la polémica, sobre todo porque el aspirante había afirmado ante la opinión pública que jamás se formalizó un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), formaba parte de la alianza electoral con Podemos, conservó su apoyo al aspirante y subrayó que el diferendo competía al ámbito civil.
La controversia sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al trasfondo del pacto, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón
