La UCO estrecha el foco sobre el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y abre una crisis interna por el papel de Ortuzar
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco en el centro de las pesquisas sobre el rescate concedido a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros aprobada por la SEPI en 2021 y que, según los informes incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, habría estado rodeada de gestiones de intermediación vinculadas a la denominada trama de la SEPI.
Según la documentación mencionada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores descubrieron mensajes del grupo Hirurok donde se hacía referencia a la supuesta influencia de contactos con el PNV para agilizar el expediente de la empresa vasca. En esos intercambios, los implicados vinculaban las gestiones realizadas con dirigentes nacionalistas con la rápida aprobación del rescate en un intervalo de tiempo muy reducido.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también apunta al papel de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, así como al de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según el sumario, estos habrían participado en gestiones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos y habrían obtenido una comisión cercana a los 115.000 euros por su supuesta intervención.
Tras aprobarse la ayuda pública, Tubos Reunidos suscribió el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, una sociedad ligada a Antxon Alonso, en el que se fijaban pagos anuales de 60.000 euros por tareas de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO considera que dichas sumas corresponderían en realidad a una compensación por los servicios prestados durante el proceso de rescate.
El caso también salpica a la anterior dirección del PNV por los encuentros mantenidos con representantes de Tubos Reunidos y personas relacionadas con la trama investigada. Según la documentación citada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, participaron en una reunión celebrada el 28 de enero de 2025 con directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión formaría parte de una segunda etapa de gestiones ligadas a Tubos Reunidos, ahora centrada en una petición para diferir un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO subraya que esta solicitud avanzó con notable rapidez, pues recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y logró una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La difusión de estos mensajes ha generado malestar en el PNV, y según Vozpópuli, fuentes internas reconocen que el escenario es complejo y que la dirección actual intentará separar la actividad habitual del partido de los contactos realizados durante la etapa de Ortuzar; la idea sería atribuir la responsabilidad política de esas reuniones al anterior presidente del partido para así resguardar la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna sucede al mismo tiempo que afloran diferencias sobre cómo debe gestionarse la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector cercano al lehendakari Imanol Pradales advierte que mantener el respaldo al PSOE podría perjudicar las perspectivas electorales de los nacionalistas vascos, sobre todo en un escenario donde EH Bildu sigue ganando terreno y el Gobierno central se ve debilitado por los casos de corrupción que salpican a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli sostiene que la dirección del PNV no prevé romper con Sánchez ni facilitar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. La formación nacionalista, según esas fuentes, mantendría su alianza con el PSOE tanto por los equilibrios de la política nacional como por la dependencia institucional existente en el País Vasco, donde el apoyo socialista resulta clave para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos emerge como un nuevo frente de presión para el PNV, que procura frenar el efecto de las referencias de la UCO mientras intenta evitar un choque con el Ejecutivo central. La investigación judicial, todavía en desarrollo, aclarará hasta dónde llegaron las actuaciones señaladas en los informes y qué papel habrían asumido los diversos intermediarios en la concesión de las ayudas públicas.
Fuente: Información ofrecida por Libertad Digital y Vozpópuli.