El pleito presentado por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos relacionados con el procedimiento de fraude de hacienda abierto contra el por la Fiscalía de Madrid, tribuye de la jefa provincial, Pilar Rodríguez, y por el fiscal encargado de la causa de la búsqueda de «réditos que sólo pueden ser, por la condición de persona sentimental, políticos y ajenos al proceso penal en lo que se persigue por pagar ya 350.000 euros del impuesto de sociedades.
La disputa entre la empresa y el penalista Gabriel Rodríguez-Ramos y centros en las Decisiones que podrían ser adoptadas por Rodríguez o por el fiscal Julián Salto respecto de la nota informativa -dirigida contra las informaciones previas en prensa que eran erróneas- que se expresaba expresamente al pacto ofrecido por la defensa de González Amador para afrontar el reembolso de las consecuencias de su conducta tributaria y uso de facturas falsas.
Sin embargo, la acción penal no queda excluida de responsabilidades que podrían afectar a altos funcionarios fiscales, como podría ser el Fiscal General Álvaro García Ortiz. Entre las diligencias realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la patronal solicita que se solicite a la Agencia Provincial de Hacienda que indique «quién o quiénes son las personas físicas concretas que intervienen en la decisión de hacer público este comunicado de prensa». y la máxima responsabilidad (en rango) de la carrera fiscal que corresponde a este buen punto de vista a la decisión de reembolsar el comunicado de prensa».
Desglose del estafador
Respecto al contrato tributario, la disputa revela que el abogado que defiende al empleador en el litigio por fraude fiscal y fraude documental propone responder con «el figura analógica de los actos de conformidad y las incidencias sobre sus tributariascreo que esta es la oferta Devolución de los 350.000 euros estafados más interesados.
El texto, de 24 páginas, indica que «nadie duda de que Si el solicitante mantiene una relación sentimental con otra persona, siempre deberá presentar su conducta. y los hechos delictivos» por los que se pelean. Agrega que el empresario ha sido utilizado «como instrumento para ayudar con el daño último de la lesión de la propiedad jurídica, su pareja sentimental», en clara referencia al presidente de la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, los involucrados en la riña no se refieren a la nota informativa sobre el pacto ofrecido, de lo contrario no se comunican con el mismo. publicación ante la denuncia de fraude contra González Amadores público antes de que el empresario también conozca esta información.
Por lo tanto, considere en su defensa que la conducta tributaria no tiene por misión promover la acción de la justicia, «si exclusivamente buscar textos de divulgación pública de servicios que contengan un reconocimiento de responsabilidad penal integrado en el marco de confidencialidad mejorado para las comunicaciones en una negociación con un abogado.
Aprobaron por él, según esta parte, «el posición privilegiada del interlocutor que se organiza con los abogados del orden jurídico, como garante de los derechos de los llamados al proceso y de la misión pública de control en defensa de la legalidad a través del justo proceso penal”. Esta función concluye la defensa. «completamente pervertido» en caso de que su cliente.
La querella se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dado que los fiscales están aforados ante este organismo. Ils attribuent concrètement un délit de révélation de secrets prévu dans l’article 417.2 du Code pénal, qui protège le « service que les pouvoirs publics doivent assumer avec la communauté en relation avec le devoir de garder un sceau rigoureux en ce qui concerne les personnes qu ‘saben. motivo de su cargamento”. La responsabilidad de este asunto fue trasladada al presidente del TSJ, Celso Rodríguez, quien remitió el asunto a la Fiscalía Superior de Madrid para informarle de su admisibilidad.