El tribunal que juzga en Tailandia a Daniel Sancho, hijo del popular actor Rodolfo Sancho, por la muerte y descuartizamiento de Edwin Arrieta, ocurridos el pasado agosto, ha impuesto este martes máximo sigilo sobre lo que ocurra durante el juicio, con un apercibimiento a los abogados y a la Fiscalía de que, si se producen filtraciones, los responsables podrían ir a la cárcel. El aviso ha llegado durante la primera sesión del juicio, que ha transcurrido con normalidad, según fuentes del caso. Los testigos propuestos por la Fiscalía han prestado declaración y Daniel Sancho ha formulado preguntas, tal y como prevé el sistema judicial tailandés, que se basa en el anglosajón pero incorpora sus propias costumbres.
Daniel Sancho, de 29 años, está acusado del asesinato premeditado de Arrieta, de 44 años, con el que se había citado el pasado verano en la isla de Phangan (sur de Tailandia). Él se ha declarado no culpable de esos hechos. Ese delito de asesinato puede suponerle la pena de muerte, aunque en los últimos años este tipo de castigo ha terminado conmutándose en Tailandia por cadena perpetua. El acusado también se sienta en el banquillo por el descuartizamiento del cadáver y por ocultar los restos de Arrieta, un delito que sí ha reconocido, así como por la destrucción del pasaporte del fallecido.
El padre del encausado, el actor Rodolfo Sancho, ha acudido a la vista, aunque no ha hecho declaraciones. Sí ha trascendido parte de una entrevista incluida en un documental de HBO Max, estrenado este martes, en la que el actor asegura que, desde su punto de vista, hay “dos víctimas” en la causa: su hijo y Arrieta. “Hay dos víctimas. Uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos”, declara Sancho en la grabación. Sobre cómo le ha explicado su hijo los hechos que la justicia tailandesa está enjuiciando, el actor afirma: “Me dijo que este tipo le había amenazado a él de muerte, con hacer daño a su familia, y que se defendió de unas amenazas y de un intento de agresión sexual. Y luego nos cuenta todo, cómo fue, la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación, todo eso…”, relata en la primera entrevista que concede desde que ocurrió el suceso.
La Policía tailandesa considera que Daniel Sancho planeó el crimen, y ha aportado a la investigación, entre otras evidencias, grabaciones de cámaras de seguridad en supermercados de la zona en los que se le ve adquiriendo utensilios de cocina, como cuchillos o productos de limpieza. Los abogados de la defensa apelan a la formación de chef de Sancho para sostener que compró esos productos para cocinar y grabar vídeos, y que la muerte ocurrió de forma accidental, tras una pelea entre Arrieta y él en la que también hubo un intento de agresión sexual. Marcos García-Montes, abogado que forma parte del equipo de la defensa, confía en lograr la absolución o, de forma alternativa, en que lo ocurrido se considere homicidio imprudente, algo que supondría una pena máxima de 10 años.
El juicio se celebra en el tribunal provincial de Samui, la segunda isla más grande de Tailandia y vecina de Phangan, y la declaración de Daniel Sancho, único enjuiciado, está fijada para el próximo 25 de abril. Este martes han prestado testimonio una mujer de nacionalidad birmana que encontró los primeros restos de Edwin Arrieta en un vertedero municipal de Phangan, el 3 de agosto, y la mujer que alquiló una motocicleta a Sancho en la isla el 31 de julio.
“El tribunal ha sido muy contundente a la hora de apercibirnos de que todo lo que se diga que haya podido suceder dentro lo va a investigar por [constituir] un posible delito y con sus consecuencias penales”, ha señalado el abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa en España a la familia de Arrieta y que se encuentra en Tailandia. “No quiere que exista ningún juicio paralelo ni que se informe de a lo que se están refiriendo los testigos”, ha añadido en declaraciones recogidas por Efe. Ospina ha puntualizado que sí les permiten hacer “valoraciones generales” sobre cómo se está desarrollando el proceso. En un momento de la sesión, la policía tailandesa ha entrado en la sala para asegurarse de que “nadie tenía algún dispositivo para sacar imágenes ni grabar sonido”, según ha relatado el letrado.
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