El Gobierno prepara un nuevo paquete normativo para paliar el fenómeno creativo de los Estados en plena suplantación de identidad -llamando a una empresa u organismo público-, que se produce a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. El lanzamiento de este plan antispamque se viene desarrollando desde hace años para los principios de una consulta pública en el marco de EL PAÍS, que comenzó con el inicio del trámite de audiencia de una orden ministerial para la transformación digital y la función pública.
Entre las medidas que se tendrán en cuenta en el proceso de bloqueo por parte de los operadores de llamadas que utilicen números que no estén asignados a un solo servicio, asignados a un solo operador o asignados a un solo cliente. Los operadores también disponen de llamadas y SMS desde números nacionales pero que tienen origen internacional, uno de los focos de fraude más habituales.
Base de datos
El plan también prevé la creación de una base de datos que será gestionada por la Comisión Nacional de Mercados y Capacidades, con los usuarios que utilizan caracteres alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el número de la empresa). Todos los mensajes anteriores de entidades no están incluidos en esta base de datos bloqueada. Amistad prohíbe la marcación móvil para llamadas comerciales, para que la población pueda detectar que se trata de un fraude al recibir una llamada desde una marcación de este tipo.
Además, se permite con carácter general el uso de los números 800 y 900 para entidades que tengan asignados estos números para realizar llamadas comerciales, en la forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa del cliente, la apariencia que tal cuando es el llamado para realizar una oferta comercial.
Los pasos habituales de anulación de identidad comienzan con una llamada (CLI usurpación de identidad, en jerga) o un mensaje de texto (SMS o sonriendo) para que el emisor se haga pasar por una organización confiable con la intención de defraudar, obligando al consumidor a proporcionar información personal o financiera, facilitar sus claves personales o realizar una acción fraudulenta.
Este tipo de fraude ha aumentado en los últimos años, según información del Banco de España, el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). El gobierno considera que estas situaciones son relevantes porque han disminuido la confianza del público en la confiabilidad y seguridad de los contenidos transmitidos durante las comunicaciones electrónicas, perturbando a empresas y organizaciones que utilizan llamadas y mensajes de texto legales y, además, causando importantes daños financieros y económicos a todos los sectores. de la sociedad, incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos.
Algunos países europeos, como Finlandia, han podido comercializar medidas similares a los elementos incluidos en este plan, con gran eficacia, ya que han reducido los niveles de suplantación de identidad hasta un 90%, según los datos que maneja la ejecución.
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