Llegué en un momento en el que España intenta equilibrar sus cuentas públicas, afectadas por la acumulación de deudas por las sucesivas crisis de los últimos años -primero la pandemia, luego la crisis energética e inflacionaria-. El país ha evitado un poco que Bruselas se abra a un déficit excesivo al superar el 3% del PIB, pero manteniendo una deuda por encima del 100% del PIB y, por tanto, está entre los cinco estados de la Unión Europea que deberían reforzarse aún más para mejorar su situación. Finanzas públicas. Además, existe el riesgo de que la deuda aumente en la zona media debido a la pobreza y las recientes reformas que aumentan la presión sobre las cuentas de la seguridad social, ya que esto podría incluso requerir medidas más estrictas de lo esperado. . Pero hay un muro que se interpone en el camino: la fragmentación política. Así lo señala Esade en su último Información económica y financierasegún el cual las convocatorias electorales fuera del ciclo político aumentan la incertidumbre e impiden la implementación de medidas fiscales de gran escala. “En circunstancias menos determinadas, los incentivos electorales pueden desalentar la adopción de políticas que, a largo plazo, podrían producir mejores resultados para los ciudadanos”, se lee en el documento.
La advertencia se produce en un contexto de mayor inestabilidad, con un ejecutivo que semana tras semana se desvive por atacar por adelantado a la legislatura y con una ofensiva del Partido Popular que, por tanto, va en aumento. Desde su lanzamiento hace un año, el gobierno ha sufrido un colapso en el Congreso por parte de sus ciudadanos. Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el pueblo se enfrentan a una posible repetición electoral tras el ataque de Vox destinado a romper relaciones con el contingente de inmigrantes menores de edad llegados a Canarias. Este contexto de volatilidad, según los analistas, «viene también acompañado de una gran volatilidad en los sistemas de partidos -que incluye el aumento de nuevas formaciones como Se Acabó la Fiesta- y de muchas elecciones fuera de ciclo o impredecibles», lo que dificulta la implementación necesaria. pero medidas impopulares.
El documento hace referencia al plan de pago a proveedores implementado en 2012 por la administración de Mariano Rajoy. Los municipios tendrían que cumplir con su obligación si adoptaran un plan de ajuste para pagar la deuda acumulada con los proveedores, o si pagaran la deuda dentro de cinco años debido a la continuación de las transferencias actuales del gobierno central a las autoridades locales. El desarrollo de un plan de ajuste otorgaría condiciones de pago preferenciales a los ayuntamientos, pero se esperaría una mayor visibilidad del estado de las cuentas públicas «con el consiguiente coste político potencial». El análisis muestra que en los municipios donde no se ha adoptado el plan, existe un impuesto sobre bienes inmuebles (IBI, principal fuente de ingresos a nivel local) y una factura de impuestos públicos.
Entre las conclusiones que se desprenden, cabe señalar que los planes de ajuste fiscal tienen mucha visibilidad en la prensa y, por tanto, generan impacto en las decisiones de los votantes. Además, se ha demostrado que el desarrollo de un plan de ajuste afecta negativamente la probabilidad de elecciones futuras, pero sólo para los gobiernos que se encuentran en la zona de carga; establece que quienes tienen la responsabilidad de la gestión de cuentas pasadas. Esto explicaría que “cuando el gobierno local vuelve a estar en carrera (y por tanto puede “culpar” al gobierno anterior por el estado de las cuentas públicas), hay un aumento significativo en la propensión a solicitar un plan de ajuste”. Sin embargo, al ser reelegido y tener, por ello, la responsabilidad del manejo de las cuentas públicas del ciclo político anterior, tiene menor propensión a solicitar un plan de acción, lo que pesa sobre el costo que representa para los ciudadanos”.
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