Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora señala que el jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, habría intentado presionarlo para que no asistiera a los actos del Dos de Mayo de 2025, y las notas difundidas mencionan insultos, comentarios denigrantes y una supuesta amenaza física surgida durante una conversación entre ambos oficiales
La Guardia Civil se encuentra inmersa en una de las crisis internas más sensibles de los últimos tiempos, surgida después de que el general de división Fernando Mora Moret, quien anteriormente dirigió la Zona de Madrid, denunciara supuestas presiones, intimidaciones y un trato degradante proveniente directamente de la cúpula del propio Instituto Armado.
En medio de la disputa se sitúa el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, quien dirige el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su designación para dicho puesto se hizo pública en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior todavía lo señala como el encargado del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría rememorado que tanto él como otros mandos policiales tenían una invitación oficial para los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría replicado que ese día no le correspondía trabajar y, cuando el general reiteró que contaba con una invitación, la respuesta habría sido tajante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría interpretado aquella decisión como una maniobra dirigida a desairar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una de las expresiones que se le atribuyen, el general resumió el efecto de la instrucción afirmando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo a él en instrumento de un conflicto partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano contiene expresiones de una vulgaridad y agresividad impropias de quien ocupa una de las mayores responsabilidades operativas de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora sostuvo que no se había sentido respaldado por sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano habría reaccionado gritándole: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», convirtiendo una discrepancia profesional en una sucesión de insultos personales y expresiones sexualmente vejatorias.
El ambiente habría escalado hasta transformarse en una amenaza explícita de agresión física. Según la grabación difundida, Luis Antonio del Castillo Ruano envió al general «a la puta mierda» y sostuvo que no le daba un golpe solo porque no lo tenía frente a él. Así, no sería una mera disputa subida de tono, sino una forma de presión ejercida por uno de los principales mandos de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el trasfondo político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El conflicto ha tomado un cariz excepcional, ya que no corresponde a la simple reclamación de un agente contra su mando directo. La acusación enfrenta a dos generales y repercute de forma directa en uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso deja una pregunta inevitable: ¿qué margen real tiene un mando profesional para rechazar una indicación que considera política cuando la orden desciende desde los niveles superiores del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles cumplen su labor en nombre del Estado, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. No actúan como servidores personales de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables del Gobierno. Aunque los altos cargos pueden fijar las líneas generales de la política de seguridad, no deberían recurrir a la estructura del cuerpo para perseguir adversarios, influir en investigaciones o forzar gestos que alimenten la confrontación institucional.
La sombra de las presiones políticas sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional indaga sobre las presuntas presiones dirigidas a mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en procedimientos relacionados con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su parte, ha negado haber interferido en investigaciones y ha rechazado cualquier actuación destinada a perjudicar a la UCO. La directora general está siendo investigada judicialmente en el denominado caso Leire, en el que también se analizan sus contactos con Leire Díez y las supuestas maniobras orientadas a desacreditar a miembros de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación formulada por Mora describe una cadena de transmisión que presuntamente comenzaría en la dirección política del cuerpo, descendería a través del Mando de Operaciones y terminaría imponiéndose al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad se intensifica por las supuestas amenazas posteriores, ya que cuando un mando objeta una orden que percibe como política y recibe por respuesta insultos, descalificaciones y avisos sobre las consecuencias de negarse, el asunto deja de ser meramente protocolario y pasa a afectar a la libertad profesional, la solidez institucional y la posible presión ejercida sobre quien intenta oponerse a una decisión polémica.
El Gobierno debe ofrecer explicaciones
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitar el episodio a una simple conversación privada entre dos mandos militares, pues ambos desempeñaban cargos de máxima responsabilidad y examinaban una orden que repercutía directamente en la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución debe determinar, además, si las grabaciones han sido incorporadas a algún procedimiento oficial, si se ha abierto un expediente disciplinario y qué mecanismos existen para proteger a los mandos que denuncien presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ese motivo, cualquier intento de emplearla como instrumento de disputa política ocasiona un perjuicio que va más allá de los directamente involucrados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.