Maratón en el Congreso argentino para debatir la ley de desguace del Estado de Milei

El Congreso comenzó a debatir este miércoles la refundación argentina que propone Javier Milei. Fue un día largo en la Cámara de Diputados, donde los congresistas discutieron durante todo el día en una sesión que se extenderá probablemente más allá del viernes, y tenso en las calles de Buenos Aires, donde la policía federal reprimió y detuvo a algunos de los miles de manifestantes que se reunieron en la plaza frente al Congreso. Sobre la medianoche, tras casi 12 horas de debate, se llamó a un cuarto intermedio y la sesión fue retomada este jueves.

La sesión empezó pasadas las 10 de la mañana con la presencia de 137 diputados, poco más de la mitad de los que componen la cámara baja del Congreso argentino. El oficialismo necesitaba que al menos 129 diputados de los 257 se presenten al debate para habilitarlo. El quórum quedó garantizado con los 38 escaños propios del oficialismo, con los 37 del PRO del expresidente conservador Mauricio Macri, los 34 de la centroderechista Unión Cívica Radical (UCR), y un amplio bloque de fuerzas federales y otros grupos minoritarios, además de algunos legisladores de la alianza peronista Unión por la Patria y de la izquierda, que habilitaron el debate con su presencia a pesar de que se oponen al proyecto.

Manifestantes se encaran con la policía mientras se debate la ley, el 31 de enero en Buenos Aires.AGUSTIN MARCARIAN (Reuters)

El debate inició con el juramento de dos nuevos diputados. Mónica Ferreyra, del oficialismo, ocupó el escaño del oficialismo liberado por la canciller de Milei, Diana Mondino, y dedicó su asunción a “los niños que crecen en el vientre materno”. Por otro lado, el peronista Ernesto Nader Ali, lo hizo por “la lealtad” a su “doctrina ideológica”. No había comenzado todavía el debate formal, pero la tensión estaba garantizada. Los diputados argentinos se embarcaron después en un debate que durará al menos 40 horas, mientras discuten punto por punto los casi 400 artículos de la megaley con la que Milei busca arrogarse facultades legislativas especiales, privatizar empresas del Estado y desregular la economía argentina.

El oficialismo tiene garantizados sus 38 votos y los 37 del PRO. Tendrá que convencer a algunos de los diputados de la UCR o de las fuerzas federales, que han garantizado el quórum pero no votar un cheque en blanco.

Recién comenzado el debate, el líder de los diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, intentó que el expediente vuelva a comisión, pero la propuesta fue rechazada con 149 votos en contra. Otro compañero de bancada sintetizó la postura de la coalición peronista: “No hay cosas rescatables. El contenido es contrario al interés de los argentinos”. A las críticas se unió la izquierda. “Espero es que en los días que dure esta sesión, sean muchos y muchas los que estén en la calle”, pidió la diputada y excandidata presidencial Myriam Bregman. “El único lenguaje que entienden los gobiernos es el de la movilización, esa es la única herramienta que garantiza que no revienten todo”.

El Congreso había sido vallado temprano por la mañana y las fuerzas federales de seguridad montaron guardia en los alrededores del edificio a la espera de manifestaciones en las calles. Sobre las cinco de la tarde, cuando algunas de las personas convocadas principalmente por organizaciones de izquierda se manifestaban en la plaza frente al Congreso, el despliegue policial escaló. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, accionó el protocolo del nuevo Gobierno para reprimir los cortes de calle, y la policía federal golpeó a manifestantes, lanzó gases lacrimógenos, y desplegó sus fuerzas en camiones hidrantes y oficiales en motocicletas que empujaron a los manifestantes hacia las veredas. Los manifestantes desafiaban directamente el protocolo, que consideran ilegal porque restringe el derecho de protesta y prohíbe cortar calles, manifestarse con la cara cubierta o llevar niños a las marchas.

Diputados en la cámara baja del Congreso, este miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (Reuters)

Los presentes aseguraron que en ese momento se desplegaron agentes de Gendarmería —un cuerpo militarizado—, aparecieron dos camiones hidrantes que no llegaron a ser encendidos y se tiró gas pimienta. “Hay detenidos, hay heridos, yo mismo estoy herido. Me arrastraron y me rasparon. Y nadie agredió a ningún policía”, aseguró el dirigente de izquierda Eduardo Belliboni, quien culpó a la ministra de Seguridad por los incidentes. “Vamos a seguir acá. La ley va a hacer de esto una cosa cotidiana”, indicó.

Mientras Belliboni hablaba sobre una calle cortada, los agentes de las diferentes fuerzas de seguridad contenían a algunos de los manifestantes en las aceras y los dispersaban en la plaza que se encuentra frente al Congreso. “Es innecesario este despliegue”, aseguró una de las manifestantes, Azul Paredes, de 23 años, que milita en el Movimiento Socialista de los Trabajadores. “Si hay este despliegue para reprimir una manifestación pacífica es porque la ley no avala la ley ni el DNU. El Gobierno está intentando demostrar algo, es un show para los votantes de La Libertad Avanza y quienes no quieren cortes de calle”, valoró rodeada de banderas de movimientos de izquierda.

Santiago Cafiero, ex canciller y diputado de la Unión por la Patria, escucha el debate, el 31 de enero.MATIAS MARTIN CAMPAYA (EFE)

El debate se realiza en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno durante el receso de verano. El Ejecutivo pretendía darle un tratamiento exprés al proyecto, que en su versión original contaba con más de 600 artículos, pero tuvo que extender el plazo de las sesiones extraordinarias hasta el próximo 15 de febrero. Los legisladores estuvieron debatiendo durante un mes en comisiones especializadas la iniciativa y tras las negociaciones, el proyecto perdió casi 200 artículos. El oficialismo reconoció “errores” en la redacción y aceptó ceder en algunos de los puntos.

Milei ya no pretende hasta cuatro años de facultades especiales que le permitan gobernar por decreto, ahora solo pide dos. También aceptó los “errores” en la redacción del capítulo de Seguridad, en el que un artículo proponía controlar las reuniones de más de tres personas en público, y ha eliminado a la petrolera YPF de la lista de las 41 empresas estatales que pretende privatizar. Ahora quedan 37, con otras tres, como el Banco Nación, la generadora de energía eléctrica Nucleoeléctrica y la empresa de telecomunicación satelital ARSAT abiertas solamente a una capitalización parcial. Tampoco buscará reformar el sistema electoral.

Este miércoles, en el inicio de la sesión, se leyeron a viva voz los artículos retirados de la ley: “13, 31, 71, 72, 81…”. La ley que sobreviva se conocerá después de uno de los debates más largos de la historia del Congreso argentino.

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