La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
El veredicto constituye el contratiempo judicial más significativo para Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los abogados han solicitado medidas cautelares en el Tribunal de Comercio Internacional y ante un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el gobierno advierte que, de aplicarse la sentencia, “los acuerdos exitosos con varios países podrían desintegrarse de inmediato”, aunque en realidad Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Argumentos repetidos, pero sin respaldo nuevo
El Ejecutivo sigue utilizando las mismas razones presentadas durante el juicio: que los jueces no tienen autoridad para desafiar la decisión del presidente de aplicar leyes de emergencia para establecer tarifas, y que hay antecedentes —como el de Richard Nixon— que respaldan ese tipo de acciones. No obstante, la resolución del tribunal examina justamente ese precedente y lo emplea para cuestionar la legalidad de lo actuado por Trump.
La petición dirigida al Supremo enfatiza que, sin una suspensión urgente, “incluso si se validan los aranceles en el futuro, el perjuicio ocasionado no podrá ser deshecho”. El Gobierno señala que podría enfrentar una reducción en ingresos fiscales, tener dificultades en negociaciones internacionales y estar sujeto a represalias comerciales.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional declaró de manera unánime que las amplias tarifas establecidas por Trump son ilegales, ya que se determinó que el presidente sobrepasó sus poderes constitucionales y contravino la ley al utilizar incorrectamente una legislación de emergencia.
El fallo invalida, entre otros, los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China, junto con los controvertidos “impuestos recíprocos” implementados a nivel mundial con el pretexto de combatir el fentanilo y regular la inmigración. Estas acciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Tensión política y judicial
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, asistente del jefe de gabinete, fue más allá: “Estamos bajo el control de una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró en Fox Business que confía en que la decisión será revertida en la apelación. No obstante, la Casa Blanca admite que prepara un recurso sobre el fondo del asunto que todavía no ha sido presentado.
División ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, en el que Trump cuenta con tres de los seis jueces que integran la mayoría conservadora, podría desempeñar el papel de árbitro final. Pero, este balance ideológico no asegura un fallo positivo. La decisión revocada fue respaldada unánimemente por jueces nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una importancia institucional que es complicado ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto llevó a cuatro integrantes del Gabinete a presentar testimonios oficiales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que la eliminación de los aranceles “debilitaría” pactos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, alertó sobre el peligro de una interrupción de las negociaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una alteración en las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, opina que el veredicto compromete la política exterior y la seguridad nacional.