La Constitución reconoce en su artículo 71.3 el aforamiento de los diputados y senadores, para que el ejercicio sólo sea competente en la sala penal del Corte Suprema. De esta forma, la decisión del exministro José Luis Ábalos de mantener su peso en el ultimátum al PSOEy judicialmente ciego: en caso de que se descubran indicios de su implicación en la presunción de corrupción durante la compra de máscaras desarticuladas en el caso Koldo, Esto no podría ser una investigación de la Audiencia Nacional.
La Ley de Lesiones Penales regula, no obstante, qué para llevar a político ante el alto tribunal, el juez del caso necesita contactar a alguien que sea relevante en su contra lo cual puede incluir en su exposición razonada, lo que es como ser llamado el documento para que los jueces ordinarios entreguen un asunto al Supremo y cesen para investigar la solicitud en cuestión. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del tsunami que afectó a Carles Puigdemont, después de que el joven Manuel García Castellón fuera entregado en la sala del presidente por Manuel Marchena todas las pistas que se habían puesto para que el ex presidente terrorista.
En el caso de Ábalos, la causa fue iniciada por Ismael Moreno.Tres meses de investigación preliminar por parte de la Fiscalía Anticorrupción— no hay evidencia suficiente para respaldar una exposición razonable en este momento. Somos los únicos que nos hemos reunido en los inicios de las empresas que son el centro de quienes huyen de su asesor de transporte y hombre de confianza, Koldo García, así como en sus relaciones con la empresa. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que grabé contratos por valor de más de 53 millones de euros juzgados directamente en plena pandemia de covid.
Menciones en Ábalos
En la lucha contra la corrupción y en el automóvil, cuando el jugador Moreno concedió la semana pasada medidas cautelares contra varios integrantes del tranvía, Ábalos aparece mencionado de forma tangencial. Concretamente, en una conversación entre los investigadores y los empresarios implicados.
El presidente del tribunal, Juan Carlos Cueto, quien controlaba la empresa investigada, afirmó en conversación con otro empresario sobre las decisiones obtenidas: “…era un favor que estaba pidiendo tu vecino (Koldo)… él y su ex jefe” (Ese podría ser el ministro, tras la investigación de la Guardia Civil).
La charla tuvo lugar el 4 de diciembre y los contratistas incluyeron estos comentarios en sus conversaciones sobre las inspecciones de Hacienda que establecieron un amigo. También se refieren, según los investigadores, a las gestiones realizadas directamente por el exasesor de Ábalos en relación con una reclamación que están haciendo a la administración balear, que también firmó un contrato con Management Solutions, por el estado de las mascarillas.
Por otro lado, Anticorrupción sitúa el primer contacto entre el duque de Zamora CF, Víctor de Aldama, uno de los imputados por su vinculación empresa Soluciones de Gestión y quien será el hombre de confianza de Ábalos en diciembre de 2018 en «una entorno laboral». Así, sólo dos meses después, en febrero de 2019, “coincidiendo con el motivo de la visita oficial del ministro de la región a la primera región de México, se recibió el cargo del cónsul honorario”.
permiso del congreso
En caso de encontrarse con pistas que obliguen al titular del Juzgado Central número 2 a entregar la causa al Supremo -o al menos la parte de la cosa que afecta a los Ábalos-, tendrá que discutir con la autorización del Congreso de los Diputados. para poder investigar. Esto se llama súplica y debe ser aprobado por la Cámara.
En todo este caso, la ley de la facultad del alto tribunal de citar al investigado antes de poder obtener este permisopor si el interés declarar «de forma voluntaria», una prerrogativa que complementa muchos de los implicados en casos de alegando corrupción que prefieren atenerse a sus explicaciones cuando lo son.
Para algunos el aforamiento ya no debería ser un privilegio políticos y otros estados -como los propios jueces y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad-, aunque para otros la venta no se debe a que quienes son investigados y juzgados por el Tribunal Supremo son condenados ya en firme en primera instancia. A diferencia de lo que ocurre en el resto de los casos, las sentencias dictadas por el alto tribunal sólo son recurrentes en el Tribunal Constitucional, que se limitan al análisis de si existe vulneración de derechos fundamentales.