La reforma del sistema financiero no es sólo una demanda política en Cataluña. En marzo, una veintena de instituciones lideradas por la Cámara de Comercio de Barcelona, entre las que se encuentran en Foment del Treball y la Pimec e instituciones como el Círculo de Economía y el RACC, se unieron para pedir la necesaria reforma del modelo. Estos lunes, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, enviaron un comunicado en el que se planteaba «la urgencia de resolver» esta cuestión, al considerar que el sistema actual frena «el progreso económico de muchas comunidades autónomas», no sólo de Cataluña.
El momento elegido para lanzar la nueva ofensiva de presión sobre los partidos aún no ha alcanzado el consenso de los líderes autonómicos. Tiene más que ver con las negociaciones que llegan al Cabo de ERC y al PSC para negociar la posible investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, después de que este último fuera elegido en las elecciones autonómicas del 12 de mayo, pero con una mayoría insuficiente. «Siempre hemos tenido una negociación en curso (…) que incluiría una mejora del sistema financiero», señala el comunicado enviado por las 20 entidades contratantes, que lo felicitaron y lo llamaron a «apreciar el momento de encontrar y empaquetar soluciones». . Cuando la reelección de Pedro Sánchez se produjo entre bastidores también se incluyó la necesidad de negociar este punto del acuerdo entre el PSOE y ERC.
En este sentido, y tal y como se viene reclamando en los últimos meses, las entidades han pedido «acuerdos de grandes países», en un llamamiento a un posible pacto entre ambos partidos que sería aprobado por el mayor número de formaciones políticas. Fuentes de CEOE señalan que están estudiando “la propuesta de fondo” antes de realizarla, informa Gorka R. Pérez.
La necesidad de obtener un amplio consenso dictaba que la petición unánime de las principales instituciones comerciales y económicas catalanas concretaría un modelo de financiación, aunque efectivamente se afirmara que era ambiguo. Su petición es amplia y lo que exige, fundamentalmente, es la mayor distribución de los recursos y el respeto a los tres principios fundamentales: la autonomía financiera de los territorios, una mejora de la capacidad de gestión y la recuperación de los recursos (sin entrar en aquello donde está la clave para lo es la caja registradora), y el respeto al principio de orden, que no es otra cosa que garantizar que la redistribución de recursos no suponga que una comunidad supere a la otra en recursos per cápita aplicando una sola vez mecanismos de solidaridad.
En su documento original, las entidades corporativas proponen tres opciones para cambiar el modelo, que cada vez pueden ser menos. La menor ambigüedad se basa en una actualización del sistema actual, pero con una proporción de recursos más clara. El camino intermedio es el que va hacia Estados Unidos, compartiendo los recursos a los que se accede, pero con mayor control por parte de las comunidades autónomas. Mientras, el tercero, el más reflexivo para Cataluña, aborda la tesis de que el gobierno propone funciones de la Generalitat y que la consellera Natalia Mas defendió al resto de asesores financieros durante la reunión de estos lunes. Una bendición para el concierto vasco con recursos adicionales que se repartirán entre las comunidades más necesitadas. Pero esto tiene dos obstáculos, porque la Generalidad debe negociarlo sin mayor participación con el Gobierno del Estado y garantizar la recuperación de impuestos, un control de la clave del efectivo al que recayó del lado del Ministerio de Agricultura. Pero su propuesta se define ahora como “un paso adelante hacia la soberanía”.
El mundo económico también aprueba su documento para mostrar su desconfianza respecto a la realización de pactos políticos. «Es fundamental planificar y respetar siempre el espíritu que inspiró el acuerdo inicial», dijeron, para anunciar que se examinará en profundidad el posible acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para que se respete su contenido. La desconfianza ante la incapacidad de los sucesivos gobiernos nacionales para ejecutar las inversiones comprometidas para Cataluña en sus créditos, así como la insuficiencia de la disposición adicional del estatuto tercero, según la cual el Estado debería invertir en la comunidad el equivalente de su contribución a PIB nacional (como porcentaje del 19%). Este compromiso sólo duró un año, porque volverá a ser denunciado este martes por el Fondo Empresarial de Trabajo, que presentó una declaración sobre la inversión en infraestructuras en Cataluña.
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