El Ministerio de Trabajo quiere proteger mejor a los empleados domésticos. Para ello, se propone que las personas que contratan deben evaluar los riesgos laborales de su hogar, lugar de trabajo de estos bajísimos profesionales asalariados. Así quedó establecido un real decreto, elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz y que contenía este periódico en marzo. Este martes el ministerio expuso el texto a los sindicatos, que tras la mústition ha transmitido ciertas quejas al respecto. Los principales son la discrepancia según la cual el individuo puede autoevaluar los riesgos de trabajar en su hogar con una herramienta. en línea y que no estamos considerando nada para que la inspección pueda acceder a la vivienda.
Respecto a la evaluación de riesgos, el texto establece por el cual el ministerio desarrollará una “herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, una comparación en línea Gratis para agilizará el diagnóstico de riesgos. Así, el ministerio examina las críticas sobre la carga económica que soporta la obligación de poseer una empresa especializada, posibilidad que también podría volver a las particularidades que se prefieran. “Pensamos que es necesario encontrar alternativas a lo que puede ser una herramienta informática para hombres sin formación. Se trata de un reglamento interesante y propuesto de antemano, pero es simplemente un debate en profundidad. Tenemos lagos importantes”, afirmó Ana García de la Torre, secretaria de salud laboral de UGT.
El representante de CC OO, Mariano Sanz, también afirmó que la propuesta del ministerio no soluciona el problema: “No se puede trabajar así. En muchos casos, los empleadores son personas con educación avanzada y sin capacidad para realizar una autoevaluación. en línea«. Creo que una posibilidad de transmitirlo al ministerio será participar en intercambios mutuos. “Podrían hacer labores de asistencia”. Por su parte, UGT propone un «cuerpo de técnicos que cuiden el tiempo de estas evaluaciones» y celebra que el ministerio sea receptivo a la posibilidad de asumir «los riesgos psicológicos de esta actividad».
Los sindicatos también tienen la impresión de que el texto no puede ser considerado para que la inspección pueda verificar las condiciones de trabajo en el hogar. Los límites que establecen el sacrosanto La inviolabilidad del domicilio (es decir, el artículo 18 de la Constitución) siempre ha obstaculizado las intenciones de proteger a estos trabajadores, barreras que servirán también a muchos empresarios para anunciar condiciones muy precarias. “Que los distintos domicilios cuenten con los servicios que constituyan un control aparentemente suficiente que puede ejercer la empresa requerida para llevar a cabo una decisión normativa que determine el nivel de obligaciones preventivas”, reconoce la norma en la exposición de los motivos. “Es necesario dar respuesta a la necesidad de garantizar el transporte de las visitas a los domicilios donde desarrollan la actividad asistencial a los efectos que produzca una adecuada evaluación de los riesgos laborales”, añade. Pero para él no hay camino.
Los sindicatos han reconocido la dificultad de encontrar un marco legal para que la Inspección realice las actuales visitas, pero insisten en su carácter necesario. “Si nuestras plantas tienen dudas entonces tendremos que realizar inspecciones a domicilio. Queremos que nos lo aclaren. Hay preguntas que necesito comprar. en el sitio, somos conscientes de la colisión de derechos”, comentó el representante de UGT. “El acceso a la inspección es imprescindible y está completamente en el aire. No está definido y esa es nuestra preocupación. Si no, puede que esté un poco castigado. Una parte importante se debe al voluntarismo”, indica CC OO.
Salarios bajísimos
La norma desarrollada por el trabajador también especifica el deber del empleador de proporcionar medidas de protección adecuadas, el derecho del trabajador a solicitar capacitación en riesgos laborales y a reconocer a los médicos. Además, el ministerio se ha comprometido a elaborar un protocolo para afrontar situaciones de violencia y de carácter sexual. Es de los que son íntegramente mujeres (96%), inmigrantes (40%), con hombres con rentas bajas (981 euros brutos, menos de la mitad que los medios) y que desarrollan su actividad en domicilios particulares, formando un combinado que está desprotegido. El acoso y el abuso que sufre la gente es un problema histórico bien documentado.
En septiembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo destinado a mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de sus empleados. Así, estos profesionales tienen derecho a cobrar el paro. En caso de fallecimiento, el Fondo de Garantía Social (Fogasa) cubre las indemnizaciones a los empresarios insolventes y establece un sistema de bonificaciones a las cotizaciones. Esto depende de la adaptación concreta de la norma de riesgos profesionales, que se articulará con el texto descrito si el PSOE y Sumar coinciden en aceptarlo.
En el departamento de Díaz, optimista de cara a los socialistas en cuanto al respeto, indica que España se está poniendo a la vanguardia internacional en materia de derechos laborales de este colectivo y está demostrando ser la norma. Así, añadió el ministerio, España debe cumplir «los compromisos garantizados por la ratificación del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre condiciones relativas al trabajo digno de los trabajadores nacionales».
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